La juez del caso ERE ordena prisión sin fianza para el exconsejero de Empleo de la Junta

• El auto de prisión comunicada para Fernández se notifica a las 6.45 horas
• La Fiscalía también pedía fianza de responsabilidad civil de 890 millones
• Se produce tras cuatro días de interrogatorio

En prisión el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

Ha sido a las 6.45 horas de este martes cuando la magistrada ha notificado al imputado el auto por el que lo envía a prisión, tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias, que han pedido además que se imponga al imputado el pago de una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros.

La juez le imputa a Fernández los delitos continuados de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

El fiscal ha alegado la gravedad de los delitos, que existía riesgo de fuga y la posible obstrucción de las fuentes de prueba.

La orden de prisión se ha dictado a las 6.45 horas de este martes -la juez ha empleado cinco horas y media en redactar el auto de medidas cautelares- después de una jornada de 21 horas que comenzó ayer lunes a las 11.00 horas.

Tercer imputado que ingresa en prisión

Fernández se convierte de esta forma en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso de los ERE fraudulentos después de que lo hicieron en marzo el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez la prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero, mientras que la Junta sólo pidió su comparecencia semanalmente en el juzgado.

La petición de la Fiscalía incluye una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil y a ella se ha adherido la acusación particular del PP y de Manos Limpias, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

La acusación de la Junta de Andalucía ha pedido que el exconsejero comparezca semanalmente en el juzgado, una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte, y a ella se ha adherido la acusación de UGT.

La comparecencia de medidas cautelares, que ha finalizado a las 1.10 horas de este martes tras casi cinco horas, debió ser interrumpida para un descanso después de una hora porque la juez Mercedes Alaya se sintió indispuesta.

Las alegaciones del letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, se han extendido durante dos horas y media, y en ellas ha negado el riesgo de fuga basándose en que el exconsejero ya podría haberse ido del país.

El interrogatorio se ha prolongado durante cuatro días, en los que el exconsejero ha alcanzado las 36 horas de declaración y se ha enfrentado a unas 200 preguntas de la juez, 60 de la Junta y 212 de la acusación del PP.

Fernández con "la conciencia tranquila"

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ha asumido este martes su ingreso en prisión con "entereza, con ánimo y con la conciencia tranquila", ha explicado su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

Después de que la juez decretara para el exconsejero prisión provisional comunicada y sin fianza, Fernández ha sido trasladado a la cárcel a las 07.50 horas en un furgón de la Guardia Civil al que ha entrado sin esposas.

El letrado de su defensa ha señalado a los periodistas que, desde una perspectiva meramente jurídica, no existen "méritos" para el acuerdo de la medida tomada por la juez Alaya y que no lo esperaba porque tenía la esperanza de que el órgano judicial fuera "sensible" con la presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal.

Martínez del Hoyo considera que se trata de una medida "innecesaria y desproporcionada" y ha afirmado que combatirán la resolución "en derecho".

Ha indicado que es "un día triste para el Estado de Derecho" y ha mostrado su "profundo desacuerdo con la medida" porque, entre otros argumentos, era un procedimiento "perfectamente establecido".

Además, ha criticado el argumento "absolutamente infundado" de que las disposiciones económicas se hicieron en contra del criterio de la intervención general porque "la realidad es que la intervención lo consintió desde el momento que no puso reparos y permitió los pagos".