El Supremo de EE.UU. apunta a la legalidad de la ley de inmigración de Arizona

• Ha sido durante la audiencia sobre la constitucionalidad de la ley
• Para los abogados del Gobierno Federal, sólo traerá "encarcelamientos masivos"

La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. han cuestionado este miércoles los argumentos del Gobierno federal de que sólo él tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración, durante la audiencia sobre la constitucionalidad de la polémica ley SB1070 de Arizona.

En la audiencia tanto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como el juez Antonin Scalia, ambos de tendencia conservadora, parecieron atender la posición del Gobierno de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas del Gobierno federal en cuanto a la inmigración.

La SB1070 fue promulgada por la gobernadora republicana, Jan Brewer, el 23 de abril de 2010 y entró en vigor a finales de julio de ese año, aunque descafeinada después de que la juez federal Susan Bolton bloquease los aspectos más polémicos de la ley. Convierte en delito penal, por primera vez, la presencia en un estado de inmigrantes indocumentados, y la controversia del caso gira en torno a si el gobierno de Arizona se extralimitó y usurpó poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias.

Para Roberts, la oposición del Gobierno de Barack Obama a la SB1070 pareciera indicar que "no quiere saber" dónde están los inmigrantes indocumentados. "¿Qué busca el Gobierno, si no permite que los estados defiendan sus fronteras", ha argumentado por su parte Scalia.

La jueza Sonia Sotomayor, la segunda mujer y única de origen hispano en el Supremo, también ha acribillado a preguntas a las partes, pero dejó entrever que el Gobierno federal "no estaba vendiendo bien" sus argumentos contrarios a la ley de ese estado.

En su exposición, el abogado de Arizona, Paul Clement, ha dicho que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar el problema de la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.

“Encarcelamientos masivos”

Frente a ello, el abogado del Gobierno federal ante el Tribunal Supremo, Donald Verilli, ha argumentado, entre otras cosas, que la SB1070 no sólo podría conducir a encarcelamientos masivos, sino que podría afectar a las relaciones bilaterales con México.

Puso de ejemplo que entre el 60% y 70% de las personas deportadas de EEUU los son a México, país con el que, al tiempo, se busca una estrecha cooperación.

"¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?", preguntó Scalia en uno de sus intercambios con Verilli.

Sólo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la jueza Elena Kagan se retiró en diciembre pasado del caso por su relación con el litigio sobre la SB1070 en su antiguo papel como abogada del Gobierno ante el Tribunal Supremo.

Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso, a la vez que no descartó que la ley, si se mantiene, abra la puerta al encarcelamiento masivo de indocumentados. En ese estado sureño de EEUU se calcula que viven unos 400.000 indocumentados.

Manifestaciones frente al Tribunal Supremo

Además de Brewer, a la concurrida audiencia asistieron funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el autor de la SB1070 y exsenador estatal republicano, Russell Pearce, y Kris Kobach, arquitecto de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del aspirante presidencial republicano Mitt Romney.

Paralelamente a esta única audiencia de la SB1070 ante el Supremo, miles de activistas en la zona de la frontera sur de EEUU y en las gradas del tribunal realizaron este miércoles vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley.

Partidarios de la SB1070 también se manifestaron frente al Tribunal Supremo. Se prevé que el tribunal dictamine a finales de junio, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección.