El Estado recupera la supervisión y vigilancia de las cuencas hidrográficas intercomunitarias

• El Gobierno tendrá la función sancionadora y "policial" sobre las cuencas
• Santamaría lo justifica para "evitar duplicidades" entre Administraciones
• Dice que evitarán "que se multipliquen costes" en materia competencial 

El Estado asume la supervisión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto en materia de Medio Ambiente por el que confiere al Estado "la función de policía" o sancionadora en la gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, es decir, aquellas que transcurren por más de una comunidad autónoma, para una gestión "mucho más eficiente" en materia de agua y deroga la normativa anterior al respecto.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha enmarcado la medida dentro de las acciones del Gobierno para "evitar las duplicidades" entre administraciones y "garantizar la unidad de mercado y la eficiencia" y tras referirse a las afirmaciones del presidente Mariano Rajoy sobre repensar el Estado autonómico.

Además, ha justificado la recuperación de esas competencias en que el agua es un recurso escaso y es "un dominio público de  todos los españoles".

El Real Decreto también incluye medidas para simplificar la regulación de calificación de Espacios Protegidos, el establecimiento de un sistema de notificación único para el traslado de residuos entre comunidades y una reordenación del aprovechamiento de los recursos hídricos para que el Estado tenga mayor capacidad sancionadora, lo que "evitará la sobreexplotación de acuíferos", como por ejemplo, Las Tablas de Daimiel.

Saénz de Santamaría ha recordado que esta función sancionadora regulada por este Real Decreto "siempre" ha sido una competencia estatal y que el propio Tribunal Constitucional lo puso de manifiesto y "dejó sentado el principio de unidad de cuenca", con resoluciones sobre la cuenca del Guadalquivir o el Duero.

Además, ha justificado que el Estado "debe evitar duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias" en los procedimientos sancionadores y un "mal uso" del agua.

Tras la sentencia del Constitucional, el anterior Ejecutivo socialista aprobó un decreto ley que permitía a las CCAA asumir competencias de gestión del dominio púbico hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas comunidades y "se les posibilitaba asumir funciones de policía" en sus respectivos territorios.

Sobre la simplificación del régimen de calificación de los Espacios Protegidos, que afecta a la Red Natura 2000, la vicepresidenta ha dicho que se contará con los municipios y sobre el sistema de notificación único en el traslado de residuos, ha señalado que será "más rápido y barato".

Recorte de competencias: "Dependerá de cada competencia"

Preguntada sobre si estos criterios del Real Decreto podrían aplicarse a otras competencias autonómicas para quitárselas a las comunidades autónomas, la vicepresidenta ha subrayado que "dependerá de cada competencia" y que lo que mueve al Gobierno es, "sobre todo, el evitar que se multipliquen los costes", esto es "ahorrar", además de "criterios de eficiencia y seguridad jurídica y el dar una unidad de tratamiento".

En este sentido, ha puesto el ejemplo de que las corporaciones locales han asumido determinadas competencias para las que no tienen título competencial y habrá que ver cuáles es mejor que se devuelvan a las comunidades autónomas o al Estado, pero siempre para garantizar la mejor gestión.

La vicepresidenta ha abogado por el diálogo para la discusión sobre competencias y ha apuntado al Consejo de Política Fiscal y Financiera -el próximo será el 16 de mayo- como el centro de debate apropiado.

Ha añadido que estos temas además se están tratando en las rondas de reuniones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los presidentes autonómicos, lo que ha dicho que no supone descartar "otras reuniones", en referencia a la Conferencia de Presidentes.