Repsol lanza su ofensiva legal contra Argentina para exigir un precio justo para YPF

• Para Repsol el precio por su 57% de YPF asciende a 8.000 millones de euros
• Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de propiedad

Los servicios jurídicos de Repsol se preparan para poner en marcha  su ofensiva legal en contra Argentina tras la aprobación formal por  parte del Congreso del país de la ley que declara YPF de utilidad  pública y expropia el 51% de sus acciones, informaron a Europa Press  en fuentes próximas a la compañía.

Una vez aprobada la norma,  Repsol denunciará a Argentina ante la  Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de  Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección  Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y  España.

En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses,  la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al  Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su  intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamaciones, es  el país con más casos abiertos ante este tipo de instuticiones  internacionales.

Reclaman el precio justo

El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó  poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo  reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que  pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños  causados.

Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a 10.500  millones de dólares (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno  argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos  relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes  ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.

Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base  para sus reclamaciones. En el primero se ellos se indica que una  adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de  accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición  (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la  oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.

Arbitraje internacional

Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española  pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que  incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En  paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en  Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre  ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.

Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de  propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa  privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta  nueva circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva  York.

También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que el  nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya  que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en  los vencimientos con anticipaciones. 

Decreto de ocupación

Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos de  Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las  instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del  anuncio de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos  españoles de la sede de la petrolera en Buenos Aires.

El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que este  decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador Videla,  mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación suponía una  toma de control automática de YPF.