El Consejo de Ministros endurece este viernes las exigencias a los bancos contra el ladrillo
- La reforma permitirá crear sociedades para aislar activos inmobiliarios
- Obligará a las entidades a aumentar su provisiones hasta en 40.000 millones
El Consejo de Ministros ahonda este viernes en la reforma financiera para sanear los activos inmobiliarios de los bancos. Se trata de la "segunda fase", según lo avanzado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta semana y además de ampliar las exigencias de provisiones a los bancos para protegerse de los activos inmobiliarios considerados "sanos", supondrá la creación de sociedades en las que cada entidad podrá aislar los activos problemáticos.
La primera fase de la reforma, que exigía unas provisiones de 50.000 millones de euros a los bancos para protegerse de los 'activos inmobiliarios', se vería ampliada este viernes hasta en 40.000 millones de euros, lo que llevará a pérdidas a varias entidades, que estarán abocadas a vender activos o fusionarse.
El saneamiento del capital inmobiliario propiedad de los bancos es lo que más preocupa al Gobierno que insiste en la importancia de dar salida a estos activos. Para ello, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, sería necesario un descenso en el precio, del 35% en el caso de las viviendas terminadas, del 65% en las promociones inmobiliarias en curso y del 80% en el suelo.
Para los expertos a los que ha consultado Efe, el hecho de que la reforma haya coincidido en el tiempo con el anuncio del Gobierno de la nacionalización parcial de BFA-Bankia, la entidad sistémica más problemática, revela la clara intención del Gobierno de lanzar un mensaje de confianza a los mercados, que hasta ahora han dudado sobre la fortaleza del sistema financiero español.
Primera fase de la reforma
Los bancos españoles llegan a esta nueva fase tras haber abordado una primera tanda de provisiones que afectó a los créditos dudosos y morosos y a los activos inmobiliarios adjudicados, como pisos, solares y promociones, que suman en España 180.000 millones de euros.
En el camino, varias entidades se han visto abocadas a desaparecer, como Banca Cívica, que ha caído en manos de La Caixa; Caja 3, que será absorbida por Ibercaja, y Caja España-Duero, que ha ratificado su integración en Unicaja, además de otras operaciones como la fusión del Pastor con el Popular y la venta de la CAM al Sabadell y de Unnim al BBVA.
Este intenso proceso de concentración no ha sido suficiente para el Gobierno, que además de defender la nacionalización de la matriz de Bankia -entidad que era reticente a una fusión- vería con buenos ojos la integración de Liberbank, BMN, Unicaja e Ibercaja en un solo grupo.
A partir de este viernes, los bancos se enfrentarán a un endurecimiento de las provisiones inmobiliarias que afectarán a los créditos considerados "sanos" o no problemáticos y que suman en España 140.000 millones adicionales.
Entre las posibilidades que hay sobre la mesa está la de elevar las provisiones de un 7 a un 30%, lo que obligará a las entidades a desembolsar 32.000 millones adicionales en un plazo de tiempo determinado, entre uno y dos años.
Cobertura del FROB
Para los bancos que no puedan llevarlo a cabo, el Estado -a través del FROB- arbitrará un sistema de coberturas en forma de avales, que permitirá a las entidades realizar las provisiones con menos premura.
Estos avales garantizarán que las pérdidas que puedan producirse en la cartera inmobiliaria estarán cubiertas por el Estado. Se tratará, en cualquier caso, de una cobertura que no será gratuita, y que obligará a las entidades a pagar una prima anual por ella.
Además, las entidades que la disfruten estarán obligadas a presentar planes de saneamiento, que pasarán por la venta de activos o, llegado el caso, por procesos de integración. Una vez aplicados estos intensos saneamientos, los bancos podrán sacar los bienes inmobiliarios de su balance y traspasarlos a sociedades externas, cuya creación se regulará también mañana.
Se trata de "sociedades de inversión inmobiliaria", según la terminología oficial, que trata de evitar el término de "banco malo" que tanto rechazó el presidente Mariano Rajoy durante la campaña electoral y primeros meses de gobierno.
Los bancos traspasarán los activos a estas sociedades con un fuerte descuento, sin miedo a sufrir pérdidas por las fuertes dotaciones realizadas. Esta medida, en cualquier caso, será voluntaria para cada banco, que podrá decidir entre constituir las sociedades inmobiliarias en solitario o asociados a otras entidades.