El Gobierno obliga a la banca a provisionar otros 30.000 millones y a separar el 'ladrillo' del balance
- El Gobierno, listo para inyectar dinero a la banca a un interés del 10%
- De Guindos cree que la ayuda sería "bastante inferior a 15.000 millones"
- Los activos inmobiliarios pasarán a unas sociedades que los venderán
- Dos entidades auditarán la cartera crediticia de los bancos españoles
- Los bancos tendrán que aumentar las provisiones de sus activos sanos
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Total de provisiones
Las reformas aprobadas en febrero y mayo por el Gobierno obligan a la banca española a destinar un total de 84.000 millones de euros para sanear los créditos a la promoción inmobiliaria, que sumaba a finales de 2011 un total de 310.000 millones de euros, señala Efe.
A partir de ahora, los bancos deberán provisionar los créditos sanos para la compra de suelo al 52%, las promociones en curso al 29% y la promoción terminada al 14%. Una vez acometidos estos saneamientos, la banca disfrutará de una cobertura del 45% en su cartera de crédito para la promoción inmobiliaria.
Desde febrero, las entidades deben provisionar las viviendas terminadas al 35%, a un 65% las promociones inmobiliarias en curso y el suelo en un 80%.
Los bancos españoles deberán conseguir "del orden de 30.000 millones de euros" adicionales para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones aprobados este viernes por el Gobierno, según ha informado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En la comparecencia también ha anunciado que dos entidades independientes auditarán todas las carteras de activos bancarios de todas las entidades españolas -tal y como se había planteado desde Europa- y que se establece la obligatoriedad de que todos los bancos traspasen sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas independientes para su venta antes de finales de 2012 (o 2013 si están en proceso de fusión).
En la que se considera la segunda reforma financiera del Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo endurece las provisiones de los créditos inmobiliarios 'sanos' desde el 7% actual hasta el 30%. Ese incremento del 23% supone, según la nota del Ministerio de Economía y Competitividad, 28.000 millones de euros adicionales a lo establecido en febrero, cuando se provisionaron 9.000 millones de euros.
En total, uniendo los dos decretos, las entidades tendrán que movilizar 37.000 millones por los activos inmobiliarios sanos y con coste a las cuentas de las propias entidades.
Los bancos tendrán que completar estos nuevos planes de provisiones (es decir, el dinero que deben guardar para cubrir posibles pérdidas) antes del 11 de junio de 2012 y el Banco de España les tendrá que dar su visto bueno "antes 15 días hábiles".
Según De Guindos, con estas nuevas provisiones el Gobierno se anticipa a la posibilidad de que "esta cartera se pudiera convertir en problemática" por la evolución económica y se despejan las "dudas" sobre la "solvencia de las instituciones bancarias".
El FROB entraría con créditos al 10%
El Gobierno ha señalado que las entidades deberán lograr esas provisiones por sí solas. Si no pudieran hacerlo, y las entidades necesitaran ayudas públicas, el Gobierno ha aprobado que las tengan mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Esas aportaciones no serán a fondo perdido: tendrán que ser devueltas a un tipo de interés cercano al 10% en cinco años y para lograrlas tendrían que presentar un plan de reestructuracion.
Así lo ha asegurado Sáenz de Santamaría, que ha insistido en que con la nueva regulación financiera los bancos sí podrán acceder a un sistema de apoyo a través del FROB: bien mediante la compra de acciones, bien mediante la compra de títulos convertibles (los denominados 'cocos'), que "prioritariamente" será la opción del Gobierno.
Preguntado por cuánto dinero podría tener que llegar a inyectar el Ejecutivo, el ministro de Economía ha asegurado que la cantidad será "bastante inferior a los 15.000 millones de euros que aportó el Gobierno socialista a través del FROB".
De Guindos, que ha recordado que el FROB ya cuenta con una liquidez de 5.000 millones de euros que computa como deuda y no como déficit, ha señalado que "este tipo de inyección de fondos no supone la concesión de ayudas públicas" porque la devolución de los fondos exigirá el pago de un interés "el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos plazos". Si la entidad no pudiera devolverlos o necesitara ayuda externa, el Estado entraría a formar parte del accionariado de la entidad correspondiente, como ha ocurrido ahora con Bankia.
Las entidades tendrán ahora hasta el próximo 30 de junio -un mes más- para detallar sus planes de saneamiento basados en una integración, que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía antes del 31 de julio y estar operativos a principios de 2013.
Según las condiciones establecidas por el Gobierno, la entidad resultante de esos planes deberá tener un balance un 20% mayor que el partícipe del mayor tamaño. Esto potencia las fusiones entre grandes grupos o varias entidades de pequeño y mediano tamaño.
El resultado de la integración o fusión de dos o más entidades también deberá disminuir su exposición al 'ladrillo' y comprometerse a ampliar el crédito a empresas y familias. A cambio, el Gobierno les permite sanear el deterioro de activos contra patrimonio (y no solo contra beneficios), les da dos años para cumplir con las reformas financieras y deja la puerta a inyectar más dinero del FROB mediante 'cocos'.
Creación de sociedades inmobiliarias
Además, se establece que todas las entidades financieras deberán separar sus activos inmobiliarios físicos de sus balances y deberán trasladarán a "sociedades de gestión", una especie de 'banco malo', con el objetivo de venderlos, sacarlos al mercado, a un precio real. En un primer momento solo se transferirán los activos problemáticos adjudicados.
Estos activos se trasladarán a un precio de valor contable menos las provisiones acumuladas por las entidades para cumplir con las exigencias establecidas en el Real Decreto aprobado el pasado mes de febrero -cuando se exigía a la banca una cifra algo superior para provisionar los créditos problemáticos por más de 50.000 millones de euros- y el aprobado este viernes.
El ministro de Economía ha señalado que, en opinión del Gobierno de España, sería deseable que en estas sociedades independientes entraran inversores privados, pero no ha establecido que sea obligatorio. Las entidades financieras tendrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para realizar esta operación, el 31 de diciembre de 2013 para las que estén inmersas en un proceso de fusión.
Para incentivar la adquisición de activos inmobiliarios, el Gobierno rebaja a la mitad los impuestos a todos aquellos que vendan sus casas antes a la mitad los impuestos a todos aquellos que vendan sus casas antes de La medida beneficia a todos los propietarios, sean estos entidades financieras o particulares. En cualquier caso, la exención es sobre la plusvalía, sobre la ganancia que genera la venta. Al ser el precio de los pisos más bajos, las plusvalías son también menores.
En concreto, el Real Decreto Ley establece una exención del 50% de las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que no exista vinculación entre las partes. La exención se aplicará donde corresponda: en el IRPF, en el Impuesto de la Renta de los no Residentes y en el Impuesto de Sociedades.
Doble auditoría externa e independiente para la banca
Además, el Gobierno nombrará a dos entidades independientes "para que evalúen la cartera crediticia de los bancos españoles para disipar las dudas que pueda haber en los balance". Esta doble valoración abarcará toda la cartera de activos, no solo la del sector inmobiliario.
De Guindos ha recalcado que no puede existir la más minima duda sobre las valoraciones de los activos en manos de la banca. "Si no, la recuperación económica será difícil", ha advertido.
El Ejecutivo ha asegurado que la decisión no significa desautorizar al Banco de España. Al ser preguntado sobre si el Ejecutivo estudia introducir cambios en la supervisión bancaria a la luz de la nacionalización de BFA, De Guindos ha asegurado que el Gobierno "está convencido" de que la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez va a recuperar su prestigio.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Economía han señalado que las medidas pretenden conseguir "la plena credibilidad" del sector financiero español, recuperar la concesión de crédito y conseguir la venta de viviendas "a un precio razonable".