Repsol da el primer paso para llevar la expropiación de YPF a un tribunal de arbitraje internacional

• La petrolera española ha remitido una carta a la presidenta de Argentina
• Ambas partes tienen seis meses de plazo para llegar a un acuerdo

Repsol ha dado este martes el primer paso para llevar la expropiación de YPF a un arbitraje internacional al remitir una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia respecto a ese proceso.

Fuentes de Repsol han explicado a Efe que la petrolera considera que la actuación acometida por el Gobierno argentino vulnera el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y que esta controversia debe dirimirse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).

Este tipo de tratados, ha añadido la fuente, contienen medidas para proteger  internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un  estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y  reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a  proyectos en el exterior.

A partir de ahora se abre un plazo de seis meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Ciadi, han señalado a EFE fuentes de Repsol, que no descarta emprender acciones legales en Argentina o Estados Unidos.

Con la notificación de la declaración de existencia de controversia, se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.

Actualmente, Repsol es el máximo accionista de YPF con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 10.500 millones de dólares (unos 8.170 millones de euros).

El Gobierno de Cristina Fernández ha decidido expropiar el 51% de YPF y que esta actuación sólo afecte a las acciones en manos de Repsol.

Tratados como el que Repsol considera vulnerado por Argentina, se suscriben principalmente con países no pertenecientes a la OCDE y en ellos, los Estados asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro "más neutral" que el que dan los tribunales del país, que pueden adoptar medidas que perjudican a inversiones extranjeras.

"Ilegítima" intervención de YPF

En el caso de YPF, Repsol entiende que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se pueden nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización "adecuada y sin demora".

"Argentina ha violado la obligación de garantizar un tratamiento  justo y equitativo a las inversiones, puesto que las medidas  adoptadas han alterado por completo el marco jurídico y económico de  la inversión de Repsol en YPF, y de Repsol y Repsol Butano en Repsol  YPF Gas", ha señalado.

Repsol sostiene que, previo al anuncio de expropiación, se sometió a YPF a diversas medidas para "erosionar o destruir su valor" como, por ejemplo, la confiscación de manera coordinada de diversas concesiones en distintas provincias del país.

La petrolera española recuerda que el 16 de abril se hizo efectiva la expropiación de YPF, mediante la "ilegítima" intervención de la compañía y la expulsión de sus directivos, sin observar las medidas de protección establecidas en sus estatutos y antes incluso de la promulgación formal de la Ley de Expropiación.

En cuanto al hecho de que la expropiación sólo afecte a las acciones de Repsol, la petrolera considera que pone de manifiesto que se trata de una medida "discriminatoria" y contraria al principio de "paridad de trato".

Recientemente, Repsol ha remitido cartas a algunos de sus competidores -como Exxon, Chevron o ConocoPhillips -para advertirles de que emprenderá acciones legales en su contra en el caso de que acuerden eventuales inversiones en YPF y hasta que se resuelva la situación con el Gobierno de Argentina.