Reino Unido se suma al pacto europeo de nuevos requisitos a la banca a costa de rebajar el texto

• Varios países, la Comisión Europea y el BCE muestran sus reservas
• Confían en mejorar el acuerdo en las negociaciones con el Parlamento Europeo
• La banca española ya cumple "ampliamente" esos requisitos, según De Guindos

La UE ha salvado el escollo planteado por Reino Unido sobre los nuevos requisitos que se pueden exigir a la banca y este martes ha conseguido aprobar un texto de compromiso para iniciar con el Parlamento Europeo las negociaciones sobre ese asunto. Pero ese logro ha tenido un coste: la rebaja de la ambición del texto, por lo que algunos países, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea han mostrado sus reservas.

El acuerdo final, que todavía debe ser ratificado por la  Eurocámara,  deja un amplio margen de flexibilidad a los Estados  miembros para  imponer a sus bancos sistémicos requisitos más  exigentes que los  previstos por la UE, tal y como reclamaba Londres.

Los países que no están satisfechos y las instituciones europeas confían en poder mejorar el texto en el llamado "trílogo" entre los países miembros, el Ejecutivo comunitario y el Parlamento Europeo.

La ministra danesa de Economía, Margrethe Vestager, que preside el Consejo de ministros del ramo de la UE (Ecofin), ha constatado en el debate público que "nadie" está en contra del texto y que "todos están de acuerdo" en avanzar con el compromiso que tiene el fin de blindar a la banca ante futuras crisis.

"Demasiada flexibilidad", según el BCE

Las discrepancias entre los Estados miembros sobre el margen de  maniobra nacional impidieron un acuerdo el pasado 2 de mayo tras 16  horas de negociaciones. Países como Francia e Italia pedían una  armonización máxima para evitar distorsiones de competencia.

El ministro de Finanzas británico, George Osborne, ha aceptado  este martes levantar su veto al compromiso final de la presidencia  danesa por considerar que introduce "la flexibilidad que queremos" y  que permitirá a Reino Unido aplicar las recomendaciones del informe  Vickers, que aconseja la separación entre las actividades de banca  minorista e inversión. También la representante búlgara ha retirado  sus reservas.

Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Vítor  Constancio, ha lamentado que el compromiso final prevé "demasiada  flexibilidad", una opinión compartida tanto por la Autoridad Bancaria  Europea como por el Ejecutivo comunitario. No obstante, ninguna  institución ha bloqueado el acuerdo.

El ministro de Economía español, Luis de Guindos, se ha felicitado por el  acuerdo y ha dicho que la nueva norma es "extremadamente importante  para introducir estabilidad en nuestros sistemas financieros". De  Guindos ha celebrado que el acuerdo reconozca el papel de las  provisiones genéricas.

La banca española supera ya esos requisitos

"España ha basado su reforma en las provisiones genéricas como  instrumento para aumentar la estabilidad de la industria bancaria,  mitigar el riesgo y cubrir posibles pérdidas", ha dicho el ministro.  Según afirmó a principios de mayo, la banca española ya supera  ampliamente los nuevos requisitos de capital que exige la normativa  de la UE.

La norma en cuestión tiene como objetivo incorporar a la  legislación de la UE las reglas internacionales de Basilea III. Para  ello, fija un capital del 8% de los activos ponderados por riesgo. De  este capital, la cuota que debe ser de la mayor calidad (common equity tier 1) aumenta del 2% al 4,5% y el tier 1 del 4% al 6%.

Además de estos requisitos, la norma introduce dos colchones de  capital: uno del 2,5% idéntico para todas las entidades de la UE y un  colchón anticíclico con un tope también del 2,5%, que se creará  durante los períodos de bonanza económica y se consumirá durante las  crisis.

El compromiso final permite también a los reguladores nacionales  exigir a sus bancos sistémicos un tercer colchón de capital de hasta  el 3% para todas sus exposiciones y hasta el 5% para las exposiciones  nacionales y en países terceros, sin necesidad de ninguna  autorización previa de Bruselas.

Si quieren incrementar las reservas de capital todavía más, tendrán que recibir el visto bueno de la Comisión, que tiene que garantizar el principio de no discriminación o, de lo contrario, poner en marcha un proceso de infracción.

Los Estados miembros podrán asimismo imponer, durante un máximo de dos años ampliables, requisitos más duros para las entidades en su territorio, como por ejemplo para el nivel de fondos propios, exigencias para grandes exposiciones, la publicación de los datos, los colchones de conservación, la liquidez y riesgos ponderados, con el fin de hacer frente a burbujas.

La Comisión también podrá imponer para un año medidas más duras.

Finalmente, también se incluirá provisiones para la introducción de un requisito de liquidez inicial a partir de 2013 y de un coeficiente de apalancamiento a partir del 1 de enero de 2018, basado en un informe que elaborará la Comisión Europea en 2016.

Bruselas calcula que las 8.300 entidades europeas cubiertas por la  legislación necesitarán aumentar su capital en 460.000 millones de  euros de aquí a 2019 para cumplir la normativa, que provocará una  disminución del PIB de entre el 0,14% y el 0,17% en la UE por cada  punto porcentual de incremento del capital de máxima calidad. Pero  los beneficios netos serán un incremento de entre el 0,3% y el 2% del  PIB de la UE por la reducción de las crisis financieras sistémicas.