Hacienda sancionará a los altos cargos que incumplan la ley de estabilidad presupuestaria

• El Gobierno ha presentado las sugerencias ciudadanas a la ley de transparencia
• Se incluye la petición de que los adjudicatarios públicos se sometan a la ley
• A pesar de las críticas, la ley permitirá a las adminitraciones contestar con silencio

Sáenz de Santamaría valora de forma muy positiva el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El Ministerio de Hacienda será el encargado de sancionar a los altos cargos que vulneren la ley de estabilidad presupuestaria, mientras que el control sobre los ministros y los secretarios de Estado vendrá del propio Consejo de Ministros.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha presentado este viernes el informe sobre el anteproyecto de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno en el que se incluyen algunas de las 3.600 sugerencias y aportaciones a las propuestas que los ciudadanos pudieron hacer a través de Internet tras la difusión del borrador en la red hace dos meses.

Después de que el Gobierno anunciase la medida, el texto original fue sometido durante 15 días a un trámite de consulta pública durante el que se produjeron casi 80.000 visitas a la página web correspondiente.

Considera Sáenz de Santamaría esta ley un "elemento clave que dá fiablididad y credibilidad" a las administraciones públicas.

Los adjudicatarios de servicios públicos también se someterán a la ley

El Gobierno ha ampliado los sujetos a los que va dirigida la ley y además de las administraciones y altos cargos, también se someterán al control que establece la ley los colegios profesionales y los adjudicatarios de contratos.

La vicepresidenta del Gobierno ha  anunciado la inclusión de estos sujetos para someterse a la futura  norma, en la que no estará la Casa del Rey a pesar de que ha habido  peticiones al respecto, porque el Ejecutivo insiste en que no es una  administración pública.

La número dos del Gobierno de Mariano Rajoy también ha anunciado la puesta en marcha de una plan de simplificación normativa que persigue hacer "menos leyes, más sencillas y mejor hechas".

Así, ha dicho que se dará unidad a normativas diferentes sobre una misma materia para dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Se sacará del Ordenamiento Jurídico normas que ya están derogadas.

Se mantiene que la administración pueda responder con silencio

Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno ha  decidido mantener el silencio administrativo negativo, a pesar de las numerosas peticiones recibidas para su supresión, porque cree que es necesario en  materias "sensibles" como la seguridad nacional, o para proteger  intereses "públicos o de terceros que hay que preservar".

Lo que sí hará el Gobierno es reforzar la independencia de la agencia  de transparencia y calificación de servicios, que se encargará de  valorar cuándo se contesta a un ciudadano con silencio administrativo.  El presidente de esta agencia se nombrará así con los mismos criterios  que los organismos supervisores.