PP y CiU impiden que el Congreso pida que la Iglesia pague el IBI

• La propuesta también pedía recortar un 20% la asignación del IRPF
• La propuesta estaba consensuada por el PSOE

Los grupos popular y de CiU en el Congreso han impedido este miércoles que saliera adelante una iniciativa promovida por la Izquierda Pluralpara obligar a la Iglesia Católica a pagar el IBI y recortar en un 20% la asignación a esta institución procedente de la recaudación del IRPF.

La propuesta, defendida ante la Comisión Constitucional por el diputado de IU Joan Josep Nuet, había sido consensuada con el PSOE mediante una enmienda transaccional, pero no ha logrado respaldo suficiente, al ser desestimada por 26 votos de PP y CiU frente a 16 de Izquierda Plural, PSOE y ERC y la abstención del PNV.

En concreto, la proposición no de ley que se ha votado pretendía que el Congreso instara al Gobierno a "llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia".

También abogaba por "revisar en un plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica, con el objetivo de su homologación al sistema general, en particular en lo que respecta a las exenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)".

Igualmente apostaba por "revisar" el sistema de asignación tributaria mediante el IRPF de cara a su progresiva desaparición, y emplazaba al Ejecutivo a "recortar" en un 20% esta asignación para que así la Iglesia "participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis".

Una de las "grandes propietarias de inmuebles"

Según Nuet, su iniciativa pretendía abordar el debate sobre la financiación de la Iglesia mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos con esta entidad que, ha recordado, no paga impuestos a los ayuntamientos pese a ser una de las "grandes propietarias de inmuebles" en España.

En nombre del PSOE, Ignacio Sánchez Amor ha advertido de la "enorme complejidad jurídica" de la cuestión y ha apostado por afrontarla de una forma más amplia mediante la revisión de los acuerdos con la Santa Sede. Y ha explicado que aunque la redacción inicial de la propuesta de Nuet pedía la supresión total de la asignación del IRPF tras negociarla con el PSOE se ha limitado a pedir su revisión.

Sin embargo, por parte del PP, el diputado Eugenio Nasarre ha sustentado el rechazo de su grupo a la proposición no de ley al no encontrar razones motivadas para cambiar ni el régimen tributario que se aplica a la Iglesia ni su sistema de financiación.

Los acuerdos con la Santa Sede, ha recordado, están plenamente avalados por el Tribunal Constitucional y parten de un modelo de relaciones Iglesia-Estado que procede del pacto constitucional y el cual fija estas relaciones como de cooperación, que a su entender funciona de manera "satisfactoria" y beneficiosa para la sociedad.

En cuanto a las exenciones del IBI, ha señalado que aunque se establecieron en 1979 se reforzaron con la ley de Mecenazgo de 2002 para aquellas entidades sin ánimo de lucro.

También ha remarcado que la Iglesia no recibe una subvención directa del Estado, sino una cantidad de deciden libremente los contribuyentes, nueve millones en la última campaña tributaria que hacen ver que el modelo tiene un "respaldo social evidente".

CiU pide no "estigmatizar" a la Iglesia

Jordi Jané, de CiU, ha rechazado igualmente emprender debates que pueden "estigmatizar" a la Iglesia y ha hecho valer la "labor social" que desempeña, si bien ha señalado que su partido no se opone a "replantear" cuál es la mejor fórmula de financiación, pero no "a golpe" de iniciativas como la debatida hoy.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha abogado también por una revisión de los acuerdos con la Santa Sede, pero "con normalidad, sin ningún tipo de aspaviento" y ha hecho notar el efecto "perverso" que podría tener la proposición si se aprobara porque dejaría en peor situación a la Iglesia respecto a otras confesiones. Por ello ha presentado enmiendas propias no aceptadas por el grupo proponente.

Alfred Bosch, de ERC, ha respaldado la iniciativa en aras de una "separación clara" entre el Estado y la Iglesia, en tanto que Rafael Larreina, de Amaiur, la ha considerado "positiva" aunque ha alertado del riesgo de pasar del "nacional-catolicismo" al "nacional-ateísmo" y ha abogado por evitar privilegios pero sin hacer discriminación.