Fitch alerta de la huída "constante" de capital extranjero de la deuda española

La agencia de calificación Fitch ha alertado este miércoles de que el capital extranjero está huyendo de forma constante de la deuda española e italiana y que esa fuga continuará en los próximos meses si no se produce una mejora de la situación económica de ambos países.

Según datos del Banco de España, casi 62.000 millones de euros han abandonado la cartera internacional de los bonos y letras del Tesoro español entre enero y marzo, con lo que la inversión extranjera en deuda de España suponía al final del primer trimestre un 37,54% del total, frente al 50,48% de diciembre de 2011.

En su comunicado, Fitch destaca que, el hueco dejado por los inversores extranjeros está siendo reemplazado por "los bancos, financiados por el dinero barato del BCE". Esa afirmación se ve respaldada por el supervisor bancario español, que constata que la banca española ha elevado en abril su participación en la cartera de deuda hasta la cifra récord de 170.611 millones de euros, un 29,16% del total.

El caso de Italia es distinto para la agencia, ya que esa retirada de inversores extranjeros ha empezado más tarde, pero ha sido más intensa que en España.

Fitch estima "que hay un riesgo elevado de fuga [de capitales extranjeros] en España e Italia en los próximos trimestres, a menos que se consiga una base estable de inversores extranjeros con un mayor apetito por el riesgo, o que mejoren las perspectivas económicas para España e Italia".

Para la agencia, esta tendencia es similar a la que se observa respecto a la deuda soberana de Irlanda, Portugal y Grecia, lo que, a su juicio, "refleja una mayor aversión de los inversores hacia los mercados de deuda de los países periféricos" de la eurozona.

Si esta situación continúa en España e Italia, Fitch considera que el Banco Central Europeo (BCE) o el Mecanismo Europeo de Estabilidad deberían intervenir con la compra de deuda pública en el mercado secundario, algo que el BCE se ha negado a hacer desde hace varios meses a pesar de las continuas peticiones en ese sentido realizadas por la Comisión Europea y varios países de la UE.