Anticorrupción recurrirá la exclusión del delito de cohecho en el caso Fabra

• La Audiencia de Castellón había admitido retirar el delito de cohecho
• La decisión suponía que el caso volviesa al Juzgado de Nules
• El recurso llegará en pocas semanas a la Fiscalía del Supremo

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia de Castellón de excluir el delito de cohecho en el denominado "caso Fabra", contra el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, según el escrito presentado este jueves por Anticorrupción en la Audiencia.

Un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción anuncia que el recurso de casación se interpondrá en las próximas semanas y será elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La sección segunda de la Audiencia de Castellón estimó recientemente un recurso de Fabra y descartó el delito de cohecho en esta causa.

Esta circunstancia motivó que el pasado 22 de mayo la Audiencia de Castellón anunciara la devolución al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia porque no se consideraba competente para juzgarlo.

El juzgado de Nules había remitido el caso a la Audiencia para que procediera a la apertura del juicio oral, pero sin el delito de cohecho, "el caso le corresponde a un juzgado de lo penal, no a una sala de la Audiencia", según la decisión anunciada el pasado martes.

Fianza de 4,2 millones de euros

El 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

Fabra presentó un recurso de apelación contra esta decisión por entender que no debía ser imputado por cohecho, y la Sección Segunda de la Audiencia estimó su petición el pasado 4 de mayo, manteniendo, no obstante, que podría haber existido tráfico de influencias.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.

Medió a favor de Naranjax

Según el auto, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.

Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto.

Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.