Un diputado opositor argentino asegura que el Gobierno no pagará a Repsol por YPF

• La empresa española reclama 8.000 millones por las acciones de YPF
• Julián Obiglio (Pro), califica la operación como una "confiscación" "ilegal"
• 32 de los 257 diputados argentinos se opusieron a la expropiación

El diputado argentino del partido en la oposición Propuesta Republicana (Pro) Julián Obiglio ha visitado España para expresar sus críticas sobre la actitud "populista" del Gobierno de Cristina Fernández en la "confiscación" de las acciones de Repsol en YPF, por las que, en su opinión, no va a pagar.

En declaraciones a Efe, Obiglio ha subrayado su intención de transmitir a la sociedad y políticos españoles, con los que ha mantenido diversos encuentros, que en Argentina hay otra posición sobre este tema,  la de los que creen en "la libertad, el respeto a la propiedad privada, las inversiones y las relaciones comerciales entre los países".

Frente a esto, este diputado -uno de los 32 de los 257 que conforman la Cámara argentina que se opuso a la nacionalización- señala que el Gobierno de Cristina Fernández no va a negociar ni a "reconocer nada" a Repsol por el 51 % que se le ha expropiado de YPF.

Las consecuencias económicas de esta acción pesarán en el futuro en la ciudadanía argentina, lamenta.

Decisión ilegal y discriminatoria

Obiglio también ha querido expresar su preocupación sobre los efectos de esta decisión "ilegal y discriminatoria" en las relaciones comerciales con España, así como en la situación económica de Argentina.

"La decisión sobre YPF ha puesto el riesgo financiero del país en 1.200 puntos, 200 puntos más que el de Venezuela y diez veces por encima del de otros países como Uruguay o Chile", comenta Obiglio.

Esta situación, añade, dificulta las inversiones internacionales, así como las posibilidades de financiación de empresas y consumidores. "Han empobrecido a los argentinos", señala.

Gestión de YPF

El diputado, que no ha entrado a valorar la reacción del Ejecutivo español en este asunto, cree además que la gestión de YPF en manos del actual Gobierno argentino sólo va a responder a decisiones políticas y no a criterios de eficiencia.

Para Obiglio, la decisión sobre YPF solo respondía a una cosa: la imagen de la presidenta estaba bajando y necesitaba un impulso "populista".

En la sociedad argentina, explica, hay especial sensibilidad sobre la propiedad de los recursos naturales, pero en lugar de ir por la vía legal lo que se ha hecho ha sido una confiscación, añade.

"Las expropiaciones pueden hacerse, pero pagando el precio justo por ellas y respetando los compromisos legales adquiridos", argumenta el diputado.

Esto ha sido una "confiscación" con la que hay gran parte de la sociedad y la política argentina que no está de acuerdo y debe saberse, concluye.

La Cámara de Diputados de Argentina ha convalidado esta semana el decreto presidencial que establece la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol, una decisión contra la que la petrolera ha emprendido acciones legales.

La empresa española reclama 10.000 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) en compensación por las acciones expropiadas.