Citan como imputado al alcalde de Murcia por una presunta trama de corrupción urbanística

• El Juzgado de Instrucción 8 cita a Miguel Ángel Cámara (PP) el día 15
• El fiscal cree necesario que declare como firmante de unos convenios investigados
• En este caso se detuvo a un concejal y al director de la Gerencia de Urbanismo

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP), para que preste declaración el próximo 15 de junio como imputado en un procedimiento que se sigue en relación a los convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad.

Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, la toma de declaración del alcalde Cámara se ha fijado para las 10.00 horas de ese día.

Este Juzgado investiga desde octubre de 2010 una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia conocida como "operación Umbraque comenzó con el registro de la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia y de otras dependencias oficiales y privadas.

Según fuentes judiciales, la imputación de Cámara se ha acordado a instancias del fiscal, que considera necesaria su declaración como firmante de los convenios urbanísticos investigados.

Imputados en la Gerencia de Urbanismo

Cámara firmó el 7 de octubre de 2010 un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias que afectan a la Gerencia de Urbanismo, cuyo entonces concejal, Fernando Berberena, y director, Alberto Guerra, estaban imputados.

El 22 de diciembre de 2010 el Juzgado acordó la devolución de la fianza de 60.000 euros exigida al gerente de Urbanismo del ayuntamiento de la capital e imputado, Alberto Guerra, y a principios de ese mes también la devolvió a otro imputado, el profesor Higinio Pérez.

La resolución judicial incluía también el levantamiento de todas las demás medidas cautelares adoptadas en su día contra Guerra, entre ellas, la obligación de personarse periódicamente en el Juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional si no contaba con la preceptiva autorización del juez.

El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, y seis de esos convenios son los que han sido investigados.