El conflicto de la pesca en la bahía de Algeciras, nuevo episodio en el contencioso sobre Gibraltar

• Las autoridades gibraltareñas impiden la pesca de barcos españoles
• Se abre el conflicto por la jurisdicción de las aguas que rodean el Peñón
• España quiere un acuerdo entre Gibraltar y los pesqueros, como en 1999

Situación difícil para los pescadores de La Línea y Algeciras

Una escalada de incidentes en la bahía de Algeciras entre pescadores, patrulleras gibraltareñas y españolas, y hasta la Armada británica han agitado en las últimas semanas el conflicto secular sobre el Peñón, que este martes estará sobre la mesa en las conversaciones entre los ministros de Exteriores de los dos Estados implicados, España y Reino Unido, en Londres.

En las últimas semanas, la policía gibraltareña cerca e impide faenar a los pesqueros españoles que lanzan sus redes en la zona. Las lanchas gibraltareñas han llegado a rozarse con las de la Guardia Civil, enviadas a la demarcación para proteger a los pescadores. Los gibraltareños defienden que los españoles incumplen su normativa mediomabiental de 1991, al usar artes como el cerco, que, sin embargo, son legales en España y en la Unión Europea.

Pero el origen del conflicto está en la jurisdición sobre las aguas.Tres millas de agua en mar abierto y una y media frente a la costa es lo  que reclama el Reino Unido, de acuerdo con el concepto de mar  territorial recogido en la Convención del Mar de las Naciones Unidas, en el que España inscribió una reserva. España no acepta esta  demarcación y solo le concede las aguas propias del puerto, como se fijó  en el Tratado de Utrecht en 1713, base sobre la que se asienta la  soberanía británica en el Peñón.

José Manuel García Margallo, que en su primera aparición como ministro en la UE ya bromeó con un colega con un "Gibraltar español", ha hecho una llamada al diálogo a volver a los acuerdos de 1999 entre Gibraltar y los pescadores españoles, y a la defensa rígida de la soberanía española sobre las aguas que bañan La Roca. Una defensa que llevará a la reunión en la capital británica, establecida en las agendas previamente al conflicto a petición del Foreign Office. España quiere que el Reino Unido inste a Gibraltar a pactar con los pescadores.

Los acuerdos de 1999 firmados entre el Gobierno gibraltareño y las cofradías de pescadores de La Línea de la Concepción y Algeciras abrían la posibilidad de faenar en la bahía a 300 trabajadores una sesentena de embarcaciones -54 de la Línea y 6 de Algeciras-. Un acuerdo que contradice la propia normativa medioambiental gibraltarenaña de 1991 pero que se ha sostenido hasta este año, a pesar de que el exministro de Exteriores español, Abel Matutes, calificó el documento de "papel mojado" en su día.

España quiere volver a los acuerdos de 1999

A finales del mes de marzo de 2012, el nuevo ministro principal gibraltareño,  Fabian Picardo, rompió el acuerdo e impuso la literalidad de su ley de Medio Ambiente de 1991, que impide trabajar con determinadas artes como el cerco en protección de lo que consideran sus caladeros. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Asuntos Exteriores han sostenido que el objetivo del Gobierno español es  defender el trabajo de los pescadores españoles en aguas españolas en  las que han pescado toda la vida. El secretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, animó el pasado 21 de mayo a los pescadores a seguir trabajando en la zona. "El Gobierno respalda a los pescadores en toda su actividad y los invita a seguir pescando como lo han hecho tradicionalmente", dijo en Algeciras el alto cargo español.

En un comunicado, el Gobierno de Gibraltar señala que aquellos que están "orquestando estos enfrentamientos peligrosos" deben asumir de una vez por todas, el reto de llevar sus reivindicaciones sobre nuestro territorio a los tribunales internacionales pertinentes". Mientras el Reino Unido se da por enterado de la crisis y anuncia que lo investigará.

Disputas entre los municipios colindantes

Pero la nueva situación ha generado incluso la disputa entre los municipios incluidos en el acuerdo del 99, la Línea de la Concepción y Algeciras. El PSOE linense, que gobierna en este municipio, denunció que los nuevos incidentes "provocados por barcos de Algeciras" suponen "un desafío sin sentido", "teledirigidos desde algún despacho de Algeciras", donde gobierna el diputado nacional del Partido Popular, José Ignacio Landaluce.

Denuncian los socialistas, que esta actuación de la parte minoritaria, 6 barcos, está torpedeando una negociación en marcha entre la alcadesa,  Gemma Araujo, y Fabian Picardo.

Landaluce lamentó el comportamiento del máximo mandatario de La Roca que en su opinión pretende "demostrar que manda mucho, y por otro lado, intenta apropiarse de las aguas españolas de la cara este del Peñón". Aunque "se escudan en el medio ambiente", la soberanía de las aguas es "lo que de verdad persiguen" las autoridades gibraltareñas, afirmó el 25 de mayo. En su opinión, Picardo pretende dividir y cree que lo ha logrado.

Desde la Línea critican que esta actitud perjudica a los intereses de sus pescadores y tambien del resto de sus conciudadanos porque ha derivado en retenciones en la frontera, "que tan graves perjuicios están ocasionando a los ciudadanos de La Línea y a los trabajadores españoles que desarrollan su tarea en la colonia".

Los pescadores se mantienen dispuestos a volver a la zona. Defienden su derecho a la pesca en un territorio en el que siempre lo han hecho para alimenar a sus familias, con la pesca de jureles, caballas, salmonetes y concha fina, con las artes del trasmallo, el cerco y el palangre.

Según cifras de la Federación de Agrupaciones de Pesca de Andalucía mantener una embarcación para faenar en la zona supone unos 6.000 euros mensuales.

España, postura frágil ante la reclamación de soberanía sobre las aguas

El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz,  Jesús Verdú Baeza, considera que el conflicto con las artes de pesca tiene "un alto contenido político" al ser utilizado por el nuevo Gobierno de Picardo -diciembre de 2011- y el Gobierno español, "instrumentado por el alcalde de Algeciras para reforzar sus posiciones y azuzar sentimientos nacionalista".

La Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad  Complutense de Madrid, Araceli Mangas, sostiene en una entrevista en RNE, que este cambio de rumbo en Gibraltar es una medida "que pretende que se reconozcan como un hecho normal y natural el que tienen una jurisdicción, una competencia sobres las aguas adyacentes".

Peter Caruana fue uno de los firmantes de los acuerdos de 1999, lo que en opinión de Verdú suponía "un reconocimiento tácito" de una jurisdicción gibraltareña sobre las aguas que rodean el Peñón. Apunta también que cualquier corte Internacional "reconocería con certeza" esta jurisdicción al Reino Unido.

La catedrática Araceli Mangas coincide en el criterio, y sostiene que el Derecho Internacional determina que la soberanía de un estado se extiende al mar territorial y que la persistencia española en calificar el Peñón como un territorio seco, sin aguas, "no se justifica jurídicamente".

Para el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo  CEU José Luis Orella sí ha que ceñirse al marco del Tratado de Utrecht,  que da sentido a otros derechos que ha venido ejerciendo el Reino Unido,  incluso con convenios posteriores que se los rabetían . Considera el  profesor Orella, que la situación que hoy se da "en territorio español"  es consecuencia de la debilidad de determinados gobiernos y de la pérdida de influencia internacional.

Mangas abunda que nuestro país tiene buenos argumentos jurídicos para reclamar la propiedad del itsmo que une la Roca con el territorio continental, ocupado por los británicos contra la ley y hoy pista de aterrizaje de su aeropuerto, e incluso el propio Peñón, en virtud del derecho a la descololización ditaminado por la Organización de las Naciones Unidas, pero la reclamación de las aguas va en contra de lo firmado por las autoridades españolas en tratados internacionales y de lo reconocido para otros enclaves.

Cree la catedrática que este incoherencia debilita la línea argumental en un conflicto en el que valora que la diplomacia española ha actuado mal desde los tiempos del regimen de Franco y en el que los ingleses han acutado de mala fe.

Interpretaciones sobre el Tratado de Utrecht

Los gobiernos españoles siempre han defendido la soberanía de nuestro país sobre la totalidad de las aguas de la zona, acogiéndose al Tratado de Utrecht de 1713, documento en el que se cedía al Reino Unido el Peñón de Gibraltar pero no su jurisdicción. Se cita la letra del artículo X que concreta que "la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la goce y tenga con entero derecho y para siempre".

También se recoge explícitamente que esta cesión no les reconce jurisdicción, aunque para el profesor Verdú esta interpretación no se ajusta a la verdad. "Es un error afirmar que el Tratado de Utrecht dice que no se ceden aguas jurisdiccionales a Gibraltar. Estos es insostenible después de un estudio del Tratado y de su contexto (negociación, actas, etc.)", sostiene este experto en el conflicto.

La profesora de la Complutense cree también que la interpretación "hay que hacerla a la luz del derecho y el contexto de la época y a que han pasado bastantes cosas, convenios que España ha aceptado de los que son parte el Reino Unido" en los que se reconoce una extensión de la soberanía a las aguas adyacentes, denominada "mar territorial", que puede alcanzar hasta las 12 millas en mar abierto y la equidistancia si se hay confluencia con otras soberanías.

Por eso el Peñon y su Estado el Reino Unido establecen su mando sobre 3 millas en su rededor y uno 1,5 en la zona en la que choca con el margen gaditano.

Gibraltar asegura que los límites que establece el Tratado de Utrecht  han quedado superados por el Derecho Internacional, y concretamente por  lo recogido en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,  que prevé que todo territorio tiene derecho a proyectar su soberanía y  jurisdicción sobre los espacios marítimos adyacente y retó a España a llevar el caso a las cortes Internacionales.

Asi un tratado que ponía punto y final a la guerra de sucesión por la Corona de España  entre el borbón Felipe V -apoyado por Francia- y el austria Archiduque Carlos -por Inglaterra- tras el vacio  sucesorio dejado por Carlos II El Hechizado, abría una herida en  el orgullo patrio que se ha tratado de cicatrizar sin éxito con  ofensivas militares, diplomáticas y personales.

Reivindicación de la buena voluntad

En 2001 España y el Reino Unido anunciaron un acuerdo preliminar que incluía una propuesta de cosoberanía. Sin embargo, este acuerdo no llegó a ser firmado. Los gibraltareños, unos 60.000, rechazaron en un un referendum por más del 95% vivir bajo la cosoberanía de España. El Reino Unido respetó la decisión, en virtud de una línea estrátegica de respetar la voluntad de los habitantes de la Roca y su constitución de 2006, que sin cambiar su status de colonia le garantiza una amplío autogobierno.

La más reciente de las medidas fue crear un Foro Tripartito de Diálogo en 2006, en la que por primera vez se daba la opcion de participar en las conversaciones al gobierno de Gibraltar. El foro pretendía resolver algunos puntos concretos de las relaciones bilaterales que afectaban a la población a un lado y otro de la Verja, elemento fronterizo que desde los 80 es permeable para personas, vehículos y mercancias, con excepciones puntuales.

Así se llegaron a acuerdos sobre la utilización del aeropuerto, donde operaban aerolíneas españolas durante algunos meses de verano y mientras fue rentable, pensiones para españoles que habían trabajdo en el Peñón, telecomunicaciones y tránsito del puesto fronterizo.

El 21 de julio de 2009 se produjo la primera visita oficial al Peñón de un miembro del Gobierno español, la del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. El gesto fue criticado por la oposición del Partido Popular, como una cesión sin precedentes.

La catedrática de la Universidad Complutense también considera que el Foro Tripartito no fue bueno para España, que hizo concesión que no han tenido contraprestaciones. De hecho, entre 2009 y 2011 se han seguido produciendo encontranzados entra la Marina Real Británica y patrulleras de la Guardia Civil.

Para el profesor Verdú el Foro aportó soluciones para la población, pero a partir de ahora roto el dialógo con el nuevo gobierno, el punto de partida debería ser "reconocer que Gibraltar   (jurídicamente el Reino Unido) dispone de derechos sobre sus espacios   marinos adayacentes y después plantear un uso adecuado de los   principios de buena vecindad del Derecho Internacional.

Por su parte el profesor Orella propone para la colonia una solución pareja a  la que se ha dado en los territorios de Hong Kong y Macao, terriotorios  continentales de China, pero antiguas colonias británica y portuguesas.  La sensación del profesor del Universidad San Pablo es que un peso  internacional como el de China es el que fuerza estas soluciones,  incluso, pasando por encima de que España garantiza un marco  democrático, de respetos a los derechos humanos, que incluso reconocería  la doble nacionalidad.

El handicap igualar el nivel de vida de los gaditanos con el de los gibraltareños, según este profesor de la Univesidad San Pablo Ceu, algo que opina que es díficil dado el carácter de paraíso fiscal del peñón. En numerosas ocasiones, el gobierno de España ha denunciado que este pequeño enclave de apenas 12 kilómetros de costa sea destino de actividades de contrabando y blanqueo de dinero.