El alcalde de Murcia, imputado en el caso Umbra, no dimitirá de su cargo

• El PP regional le ha abierto un expediente informativo
• Agradece el apoyo del presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel
• Se investiga un presunto caso de corrupción urbanística en Murcia

El alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara, ha confirmado que el Ayuntamiento continuará con "normalidad" su actividad, por lo que descarta su dimisión a pesar de su imputación en el caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, aunque ha admitido que el Partido Popular, del que es secretario general, le ha abierto un expediente informativo tal y como "está establecido en los estatutos" de la formación.

El edil ha sido imputado por un supusto delito de prevaricación administrativa, en relación con la operación Umbra, que investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en el desarrollo de la zona norte de la ciudad.

Cámara ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido flanqueado por los miembros de la Corporación municipal, para valorar motu propio su imputación por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que le ha citado para prestar declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en esta causa.

El alcalde, que ha ratificado en todo momento que su actuación se ha atenido a la "legalidad" y ha mostrado su "total colaboración con la Justicia", ha agradecido la "confianza y el respaldo" recibido desde su partido, desde el presidente Ramón Luis Valcárcel, que le llamó este martes, hasta a multitud de miembros de los órganos de dirección del PP murciano, alcaldes y compañeros.

Operación Umbra

La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

Imputado por prevaricación administrativa

El alcalde murciano está imputado por presunta prevaricación administrativa en la investigación que instruye el juzgado número 8 de la capital murciana sobre un supuesto caso de corrupción urbanística en el desarrollo de la zona norte de la ciudad.

Según ha informado a Efe el abogado defensor del alcalde, José María Caballero, ya le ha sido notificado formalmente el auto de imputación dictado por el juez David Castillejos, por lo que ya prepara el "oportuno recurso".

El letrado ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que solo se impute a Cámara, "cuando se trata de una decisión colegiada de la corporación municipal, por lo que deberían ser llamados a declarar también todos los demás concejales que aprobaron los convenios, excepto, en su caso, quiénes se opusieron a ellos o se abstuvieron".

La imputación de Cámara se ha acordado a instancias del fiscal, que considera necesaria su declaración como firmante de los convenios urbanísticos investigados.

Fuentes judiciales han indicado a Efe que la imputación no supone necesariamente atribuirle la comisión de un delito, sino ofrecerle la posibilidad de acudir asistido de abogado e, incluso, de poder mentir en su defensa, cosa contraria a los testigos que sí tienen la obligación de no faltar a la verdad en sus declaraciones porque, en caso contrario, podrían ser denunciados por falso testimonio.