Bruselas toma el mando de la gobernanza económica con España en su punto de mira

• La Comisión Europea presenta sus recomendaciones nacionales
• España tiene abierta una investigación por incumplir seis indicadores
• Por primera vez, la CE tiene poder para sancionar de forma semi-automática

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

La burbuja inmobiliaria en España, la falsificación de las estadísticas en Grecia, la violación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Alemania y Francia... Ningún Estado se libra de haber burlado en alguna ocasión las normas de Bruselas, pero la diferencia es que a partir de ahora esa irresponsabilidad tendrá un precio. El estallido de la crisis y los evidentes fallos de la construcción de la Unión Económica y Monetaria han dado argumentos suficientes a la Comisión Europea (CE) para endurecer sus mecanismos de vigilancia y sanciones.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y el responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, presentarán este miércoles recomendaciones a los Estados miembros, entre ellos a España,  basándose en sus desequilibrios macroeconómicos. No serán meros consejos sobre cómo encauzar las cuentas o superar los excesos, sino que Bruselas engrasa por primera vez la maquinaria de una verdadera gobernanza económica de la UE. Traducido: podrá aplicar sanciones de forma casi automática.

Rehn ha valorado en repetidas ocasiones el esfuerzo que ha el Gobierno en el plano de los ajustes y las reformas. Sin embargo, la desviación de las cuentas de la comunidades autonómas y el rescate millonario de Bankia, que acrecienta las dudas sobre la salud del sector financiero español, amenazan con echar por tierra la imagen de seriedad y solvencia que ha querido trasladar el Ejecutivo de Rajoy.

De hecho, las principales recomendaciones de la Comisión a España serán un control determinado y enérgico del gasto autonómico y avanzar en la  reestructuración de la banca, entre otras.

Algunos medios, que citan fuentes comunitarias, han apuntado a que Bruselas podría abrir este miércoles la mano con el objetivo de reducción del déficit -fijado en un 5,3% este año y un 3% en 2013-, pero Rehn no es de los que dan cheques en blanco, así que a cambio pedirá reformas más intensas, desde subida del IVA hasta el retraso de las pensiones.

Más vigilancia

Los objetivos, en palabras de Olli Rehn, son "asegurar la disciplina presupuestaria, estabilizar la economía europea y prevenir nuevas crisis". Esto es, reforzar la vigilancia fiscal y, por otro lado, corregir y castigar los desequilibrios. Para ello, la UE se ha dotado de dos instrumentos: el llamado six pack, que entró en vigor en diciembre de 2011, y el pacto fiscal europeo, firmado por 25 países (todos a excepción de Reino Unido y República Checa) en la cumbre de marzo y pendiente de ratificación en los Parlamentos nacionales.

Los Estados han demostrado una continuada falta de responsabilidad -unos más que otros- en el cumplimiento de sus deberes y, ahora, Bruselas ha decidido tomar la batuta. "El six pack lo que hace es reforzar el papel de la CE para que realmente las normas se puedan aplicar sin estar sometidas a los vaivenes políticos. Si realmente un Estado tiene unos desequilibrios fiscales en deuda o en déficit, la capacidad de la CE para controlarlo y castigarlo es mayor", explica a RTVE.es el investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina.

El six pack introduce el concepto de la "alerta temprana". La CE tiene más poder para vigilar los desequilibrios de los Estados y actuar. Puede sancionar no solo por exceso de déficit, sino también por exceso de deuda pública (por encima del 60% del PIB), pero sobre todo trata de evitar que se llegue al castigo. Por ejemplo, los países  tienen incentivos para reducir su déficit público antes de alcanzar el  límite del 3% del PIB. Si no lo hacen, se abre la posibilidad de que se establezcan  sanciones incluso aunque no haya superado el 3%.

Además, por primera vez se tienen en cuenta desequilibrios macroeconómicos más "sociales", lo que supone una visión más "sofisticada" de los problemas económicos. "Supera el reduccionismo del PEC, que se limitaba al déficit y la inflación, e incluye nuevos indicadores como las burbujas inmobiliarias y la competitividad", señala el profesor Molina, que pone como ejemplo el caso español.

Más sanciones

"¿Cómo España pudo pasar en diez años de ser un país modélico con superávits presupuestarios a uno de los Estados que ponen en riesgo el futuro de la moneda común?", se pregunta, y responde: "Porque crecía gracias a la burbuja y cuando esta se desinfló, se comprobó que el sistema no era sostenible".

La CE dio el primer paso en febrero al abrir una investigación a una  docena de países -entre ellos Reino Unido, Francia e Italia- por  "desequilibrios macroeconómicos excesivos". España, en concreto, suspendió en seis  indicadores de los diez que son objeto de estudio: a balanza por cuenta corriente, las posiciones netas de inversiones internacionales, la cuota del mercado exportador, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo. Y aprobó en los otros cuatro: costes laborales unitarios  nominales,  precios de la vivienda, tipos  de cambio efectivos, y  flujo de crédito  al sector  privado. Este miércoles, Bruselas hará las recomendaciones pertinentes para solucionarlos.

Si los Estados hacen caso omiso a las recomendaciones, la CE tiene capacidad para castigar y esta vez, sí, de forma efectiva en dos fases: una preventiva y otra correctiva. Si un Estado incumple sistemáticamente sus objetivos, la Comisión puede, primero, advertir al Consejo de la situación y, luego, pedir una sanción, que consistiría en un depósito del 0,2% del PIB del país. Si este sigue sin corregir sus cuentas, el depósito pasaría a conventirse en una multa. Desde el primer aviso hasta el castigo pueden transcurrir un máximo de seis meses.

Doble castigo

La fuerza de la CE es que estas sanciones son semi-automáticas porque se invierte el sentido de la mayoría.  El castigo se impondrá a no ser que una mayoría cualificada del Consejo lo rechace (el 70% de los países). "Antes, Francia y Alemania podían bloquear las sanciones convenciendo a otros países de su onda de que se abstuvieran o votaran en contra, como de hecho ocurrió en 2001. Ahora, hace falta un alianza de muchos países para que la sanción no tenga efecto", indica el investigador del Real Instituto Elcano. 

"Se le otorga a la CE la capacidad de decir públicamente que un Estado lo está haciendo mal, que no es solvente. Es una doble sanción, institucional y ante los mercados, y esta última es la que tiene efectos más importantes". Desde que Olli Rehn vaticinó aquello de "los mercados van a castigar a España" tras el anuncio de flexibilización del objetivo de déficit por parte de Mariano Rajoy tras la cumbre de marzo, la prima de riesgo ha subido en 150 puntos.

"Los mercados no se toman bien que la CE diga en público que un país no es solvente o que no lo apoya. Eso se paga", añade el profesor Molina.

Hungría ya ha sufrido en sus propias carnes los efectos de la reforzada gobernanza económica. El Ecofin aprobó el pasado 13 de marzo la suspensión de 495 millones de ayudas comunitarias a Budapest por no ha tomado suficientes medidas para reducir su déficit excesivo. Al no ser miembro de la eurozona, la sanción no pudo llegar en forma de multa, por lo que se optó por congelar una partida de fondos de cohesión equivalente al 0,5% del PIB del país. El Gobierno de Viktor Orbán tiene hasta junio de plazo para rectificar las cuentas.