El Supremo rechaza un primer recurso contra los permisos de Repsol en Canarias

• Los permisos fueron anulados en 2004 y concedidos de nuevo hace dos meses
• El Gobierno aprobó los cambios de Repsol; ahora quedan otros recursos pendientes

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender los permisos concedidos a Repsol para hacer sondeos petrolíferos en aguas próximas a Canarias como pedía el Gobiernos canario y el Cabildo de Lanzarote por una cuestión formal. Quedan otros recursos pendientes sobre el asunto.

En un auto difundido este lunes por la noche por el Ministerio de Industria, el Supremo desestima así la petición que habían planteado las dos instituciones canarias para que, por ejecución de la sentencia que su Sala de lo Contencioso dictó en 2004 contra los permisos concedidos inicialmente en 2001, se anularan también los concedidos este mismo año.

El Consejo de Ministros decidió el pasado 16 de marzo mediante Real Decreto convalidar los permisos otorgados a Repsol hace 11 años por entender que se habían solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a ponerlos en cuestión.

En concreto, ese acuerdo del Gobierno central permite a Repsol y a sus socios en este proyecto --Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG-- prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes.

En esa zona, el consorcio liderado por la multinacional española pretende confirmar si, como sugieren los estudios que maneja, existen reservas de hidrocarburos capaces de producir 140.000 barriles de petróleo al día, una cantidad que bastaría para abastecer el 10% del consumo de crudo de España.

Las autoridades canarias temen por el turismo

Sin embargo, la decisión del Consejo de Ministros de autorizar esas prospecciones se encontrado con el rechazo del Gobierno de Canarias, su Parlamento autonómico y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que temen que la actividad petrolífera pueda poner en peligro el principal motor económico de las islas, el turismo.

En la batería de recursos que las instituciones canarias han anunciado para oponerse a los sondeos, una de las primeras era la que ha resuelto ahora el Supremo: interesar la nulidad de los nuevos permisos a través de una ejecución del fallo que cuestionó la legalidad de los aprobados en 2001. De hecho, tanto el Gobierno canario como el Cabildo argumentaban que, con el Real Decreto de este año, el Ejecutivo pretendía evitar que se cumpliese esa sentencia, algo que el Supremo no comparte.

La Sala entiende que Real Derecho de este año incorpora las medidas de protección ambiental cuya omisión llevó a la sentencia de 2004, con el añadido de que en él se integran, además, las disposiciones de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 2008. "Podrá discutirse si dichas medidas son suficientes o insuficientes, acertadas o no, pero no cabe duda de que con ellas el Consejo de Ministros no ha tratado de eludir, sino de dar cumplimiento a la sentencia corriendo la omisión por nosotros destacada", apostilla el Tribunal Supremo.

Todo ello, precisa, sin perjuicio de que al examinar el recurso que las administraciones canarias han planteado expresamente contra los nuevos permisos "se pueda examinar la mayor o menor suficiencia de aquellas medidas medioambientales".