La Audiencia de Madrid ordena investigar a dos testigos protegidas de los atentados del 11M

• Cree que pudieron dar falso testimonio contra uno de los condenados
• De confirmarse provocaría un "juicio de revisión"

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la titular del  Juzgado de Instrucción número 39, Belén Sánchez, que investigue a dos  testigos protegidas de los atentados del 11-M por si pudieran haber  cometido un delito de falso testimonio en su declaración contra Jamal  Zougam, condenado a 42.917 años de cárcel por la Audiencia Nacional  como autor material de la masacre.

Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la  Audiencia madrileña que admite el recurso de apelación presentado por  la defensa de Zougam y su madre contra las testigos rumanas J70 y  C69, a las que acusa de "confabularse para obtener beneficios  personales y económicos", y revoca la decisión de la juez instructora  de no admitir a trámite la querella que presentó contra ellas.

La resolución judicial señala que en la querella "se relatan  indicios que bien pudieran avalar razonablemente la  verosimilitud de la apariencia delictiva de la conducta" de las dos  testigos protegidas, por lo que, "de ser ciertos", podrían ser  "constitutivos de un delito de falso testimonio" y provocar "un  juicio de revisión" sobre la situación de Zougam.

También sostiene que esta hipótesis no es "ni mucho menos  descartable" ni "descabellada", por lo que la querella "debió ser  admitida" a trámite en función de la "transcendencia" de los  testimonios "ahora controvertidos", que fundamentaron una "pena de  prisión de extrema gravedad".

"La querella no sólo contiene el relato pormenorizado de un hecho  penalmente relevante, sino que de la misma se desprende además un  dato de especial trascendencia que dota 'prima facie' de consistencia  a la incriminación realizada", señala el tribunal, formado por los  jueces Eduardo Jiménez-Clavería, Mario Pestaña y José Joaquín Hervás.

"Nuevas revelaciones"

El escrito de Zougam también "se hace eco", según el auto de la  Audiencia de Madrid, de "nuevas revelaciones que no pudieron ser  tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento del atentado del  11-M por el tribunal enjuiciador". Si eso hubiera ocurrido, el  tribunal sostiene que las testigos habrían faltado "a la verdad en  las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral".

La querella especifica que C-65 manifestó en abril de 2004 ante el  Consulado que viajaba en el tren que explotó en Santa Eugenia junto a  una compatriota llamada Florentina, "de la que nunca más se supo ni  fue comparecida como víctima", mientras en el juicio aseguró que  quien le acompañaba era J-70.

Esta testigo no declaró nada sobre el reconocimiento de Zougam  cuando acudió en marzo de 2004 a la Comisaría General de Extranjería  para solicitar un permiso de residencia y trabajo y sólo lo hizo el 7  de febrero de 2005, 11 meses después de los atentados.

Según la defensa del terrorista, ambas habrían coordinado su  relato con la finalidad de ser reconocidas como víctimas y con ello,  alcanzar "beneficios económicos y personales" como  "indemnizaciones,  permiso de trabajo, reagrupamiento y nacionalidad".