La Fiscalía pide 10 años para los exresponsables del Palau por presunto tráfico de influencias

• También pide otros cuatro años para la cúpula de Urbanismo de Barcelona
• Los acusa de varios delitos, entre ellos, tráfico de influencias y prevaricación

La Fiscalía pide diez años y dos meses de prisión para los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull y cuatro años y siete meses para la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona por el presunto tráfico de influencias en la tramitación urbanística del Hotel.

En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público acusa de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental a los imputados en la causa, entre ellos el exteniente dealcalde de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado y el exgerente de esa área Ramon Massagué.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide para cada uno de los dos exresponsables municipales trece años y medio de inhabilitación -cinco por el delito de falsedad documental y ocho y medio por el de prevaricación- y el pago de 12.000 euros de multa.

El arquitecto del despacho Tusquets Carles Díaz, que participó en los trámites urbanísticos para sacar adelante el proyecto, y el que era director jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Enric Lambies afrontan penas de cuatro años y siete meses de prisión cada uno e inhabilitación de trece y medio.

Indemnización para el Palau y la Generalitat

La acusación pública reclama que Millet y Montull indemnicen también al Palau de la Música con 567.000 euros y a la Generalitat con otros 333.000, proporción que según la Fiscalía les corresponde de la comisión de 900.000 euros que los saqueadores confesos recibieron del promotor hotelero Manuel Valderrama para garantizarse la adjudicación del proyecto.

En su escrito, la Fiscalía acusa a la cúpula del área de Urbanismo de Barcelona durante el mandato del socialista Jordi Hereu de haber sucumbido al poder de influencia de Millet para facilitar la tramitación urbanística del fallido Hotel del Palau, ocultando que se trataba de una operación que beneficiaba a un particular.

Según el ministerio público, después de que en 2003 Millet y Montull consiguieron la titularidad de las fincas donde construir el hotel, "hicieron valer, de manera especial e intensa, el prestigio, reconocimiento y estima que la Fundación Palau de la Música tenía en la sociedad catalana" para sacar adelante el proyecto.

"Se aprovecharon de las relaciones personales generadas desde sus cargos"

Para el fiscal, los saqueadores confesos del Palau aprovecharon también "las relaciones personales generadas" desde sus cargos con responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento "para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesante o dictando resoluciones varias".

Con esa operación, Millet y Montull buscaban, según el fiscal, "un importante beneficio personal", sin que conste acreditado que los funcionarios que intervinieron en el proceso lo supieran.

Para conseguir el cambio de calificación de las fincas que debían albergar el Hotel, los imputados "aprovecharon su relación de confianza y amistad" con García Bragado, entonces secretario de Presidencia, para que hiciera las gestiones necesarias para lograr un solar titularidad de la Generalitat con el que efectuar la permuta urbanística necesaria.

De común acuerdo, Millet, Montull, García Bragado y Massaguer acordaron impulsar dos convenios para hacer prosperar la operación urbanística, uno de ellos entre el Palau y el Departamento de Economía que permanecería oculto, y un segundo a tres bandas con el Ayuntamiento de Barcelona, añade el escrito.

Empleando sus "relaciones personales", los exresponsables del Palau consiguieron aprobar ese convenio sin el informe jurídico previo y preceptivo y sin ningún estudio técnico de la consellería, "debido a la supuesta urgencia para su firma que hábilmente supieron provocar y simular Millet y Montull".

Dicho convenio establecía una indemnización de 3,6 millones de euros para el Palau de la Música -cantidad que según el fiscal querían quedarse sus exresponsables- "por el simple hecho de ser aquella entidad cultural la titular del suelo", y dejaba en manos de Millet y del promotor hotelero la determinación de la cantidad que éste debía pagar a la Generalitat, pese a estar "comprometidos los intereses patrimoniales" de la administración.

En opinión del ministerio público, García Bragado y Ramon Massaguer "fueron los dos máximos garantes de la correcta tramitación de la materia urbanística en el Ayuntamiento", garantizando que permaneciera oculto que el titular del proyecto era un particular para no desvirtuar su apariencia de interés público.

Además, para conseguir la modificación del Plan General Metropolitano que debía dar luz verde a la construcción del hotel de lujo, Millet aprovechó su "posición y capacidad de influencia" para contactar con los responsables políticos del consistorio y asegurarse su apoyo al proyecto, que finalmente acabó abortado al destaparse el escándalo del saqueo del Palau.