El juez del 'caso Gürtel' imputa al director económico de Canal Nou por la visita del papa

• Ricardo Calatayud habría cometido delito de prevaricación y malversación
• Habría transmitido la orden de adjudicar el contrato a la constructura Teconsa
• Calatayud ha sido destituido tras conocerse la decisión de la Audiencia

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la adjudicación de contratos a la trama Gürteldurante la visita del papa a Valencia en 2006, ha imputado en esta causa al director económico financiero de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Ricardo Calatayud, que ha sido destituido tras conocerse la decisión judicial.

En un auto, el magistrado le ha citado a declarar el próximo 28 de junio por delitos continuados de prevaricación y malversación a raíz de que el exdirector del ente público valenciano Pedro García Gimeno, asegurara ante el juez el pasado 8 de mayo que Calatayud intervino en la adjudicación de la sonorización del evento a la constructora Teconsa.

Asimismo, el exjefe del departamento técnico de RTVV, el también imputado Luis Sabater, al que interrogó el pasado 31 de mayo, especificó a Ruz que la misión de Calatayud fue ordenar o transmitir las órdenes de adjudicar el contrato y en elaborar el informe de propuesta del expediente.

Un informe que, aseguró, estaba fechado el 4 de mayo de 2006, día que él se encontraba en Roma presentando el programa del V Encuentro Mundial de las Familias celebrado del 7 al 9 de julio en Valencia.

Sin embargo, el exjefe del departamento técnico de RTVV firmó la adjudicación a la constructora -sin experiencia en el sector del sonido o la televisión- una semana después de esa fecha porque Calatayud le dijo que "tenía que hacerlo" y que "tenía que ser para Teconsa", y añadió que el director económico financiero cumplía órdenes de García Gimeno.

El mismo día que Calatayud, el magistrado ha llamado a declarar a Carlos Ignacio Fragio Díaz, responsable de las empresas Apogee Telecomunicaciones y Wild Electronics e imputado por fraude fiscal y falsedad, después de que no compareciera el pasado 31 de mayo.

El juez cita a trabajadores de Canal Nou de testigos

También deberán comparecer en calidad de testigos los trabajadores de Canal Nou Andrés Bravo, Teresa Villó, a Alejandro Serrano y José Selva Guillén, que fueron mencionados por Sabater en su declaración.

Por esta causa, el juez mantiene imputados a 11 personas, entre ellas al considerado cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa; su presunto número dos, Pablo Crespo, y al gestor de Orange Market Álvaro Pérez, el Bigotes.

Además, el exdirector de Antena, Antonio de la Viuda, Vicente Torró Casanova, administrador único del grupo Avalon, y Ana María Martínez Penades, y Óscar Fragio, representante de dos de las empresas adjudicatarias de los contratos con la RTVV que reconoció que pagó una comisión de 88.000 euros al número dos de la red Gürtel por encargarse de la sonorización del evento.

Según Ruz, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.

Citan también a declarar a la mujer de Correa y al excalcalde de Majadahonda

Por otro lado, el juez Pablo Ruz ha citado a declarar el próximo 3 de julio a Carmen Rodríguez Quijano, exmujer del presunto cabecilla de la trama "Gürtel", Francisco Correa, y al exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, acusado de favorecer a las empresas de la red desde el consistorio.

Ortega, al que Ruz ha citado en una providencia notificada este viernes a las 10.00 horas, fue alcalde de la citada localidad madrileña entre mayo de 2001 y febrero de 2005, periodo en el que la mujer de Correa fue primero su asesora de relaciones institucionales y después su jefa de Gabinete.

La exmujer de Correa, además, fue previamente administradora única de Special Events, una de las empresas vinculadas a la trama de corrupción que, según el sumario que instruye Ruz, se vieron favorecidas por la adjudicación de contratos irregulares en Madrid.

El anterior instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, señaló a Ortega como uno de los alcaldes de diversos municipios madrileños de los que Correa consiguió favores al facilitarle un notable volumen de negocios.

De hecho, su nombre aparecía en la "caja B" de la trama y, según informes judiciales, recibió un montante de 166.000 euros y un vehículo modelo Mini Cooper del propio Correa.

La investigación policial añade que el abogado Luis de Miguel, imputado como presunto responsable de haber diseñado el entramado para blanquear los fondos de Correa en paraísos fiscales, configuró una estructura societaria opaca para Ortega mediante la constitución de sociedades ubicadas en el Reino Unido, que a su vez eran accionistas de otras en España.

Además, en uno de sus informes, la Agencia Tributaria (AEAT) señalaba que "algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore" y citaba a Ortega y al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

Por otra parte, Ruz ha confirmado la imputación de la mujer del exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, por un delito contra la Hacienda Pública ya que podría haber defraudado "una cuota de 222.112,58 euros al reflejar una supuesta ganancia patrimonial en cuantía de 558.196,97 euros como derivada de la transmisión de un elemento patrimonial adquirido" en 1987.

La defensa de Iglesias presentó un recurso de reforma contra esa decisión y pidió el archivo de la causa basándose en un informe que el pasado mes de abril elaboró la Agencia Tributaria después de que la mujer de Bárcenas acreditara con documentos que el dinero procedía de la venta de unos cuadros adquiridos en 1987.

Subsidiariamente recurrió en apelación, por lo que será la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la que tendrá que decidir si confirma la decisión de Ruz de reabrir el "caso Gürtel" contra Iglesias o la revoca.