De Tarifa a Cabo de Peñas: Las otras playas vírgenes amenazadas por el ladrillo en España

• Los grupos ecologistas denuncian las agresiones a espacios naturales
• Ayuntamientos y comunidades defienden que generan empleo y turismo
• Greenpeace y Ecologistas en Acción esperan la nueva Ley de Costas

1.065 kilómetros por carretera separan Tarifa (Cádiz) de Cabo de Peñas (Asturias). Dos cabos, al sur y al norte de la España peninsular, en el mar Mediterráneo y en el Cantábrico, de gran belleza natural y bajo una misma amenaza denunciada por los grupos ecologistas: la urbanización de dos playas vírgenes, de las escasas que quedan en el litoral.

La playa de Valdevaqueros, de Tarifa, es el último caso que ha saltado a la opinión pública. Pero, en los alrededor de 6.000 kilómetros de costa que tiene España, incluidas las islas, hay otros puntos que preocupan especialmente a Greenpeace y a Ecologistas en Acción: El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz), Cabo de Gata (Almería), Marina de Cope y Cartagena (Murcia), Es Trenc (Baleares) o Cabo de Peñas (Asturias) son algunos de los puntos más calientes, entre otros muchos salpicados por el litoral.

Analizamos la situación de estos puntos costeros en los que hay proyectos de urbanización denunciados por los grupos ecologistas que, a su vez, defienden ayuntamientos y Gobiernos autonómicos como factores generadores de empleo y turismo.

De trasfondo también se sitúa la futura reforma de la Ley de Costas -la actual data de 1988-, que el Gobierno pretende llevar a las Cortes antes del verano, y que prevé ampliar las concesiones del dominio público costero más allá de los 30 años y obligar a los concesionarios a ser "corresponsables" de la conservación. La zona de servidumbre costera se mantendrá en 100 metros como regla general y en 20 en los núcleos urbanos anteriores a 1988.

Los grupos ecologistas, encuadrados en la Plataforma 'No a nuestra costa', abogan por la aplicación correcta de la ley actual y están expectantes a los movimientos del Ejecutivo. Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, advierte de que "cualquier flexibilización" de la norma podría "volver a hinchar la burbuja inmobiliaria" y la coordinadora del Área de Mar de Ecologistas en Acción, Natalia Martín, teme que el PP pretenda modificar la ley teniendo en cuenta los "intereses económicos privados" y se "vuelva al modelo anterior".

El Palmar (Cádiz)

Apenas a 60 kilómetros de la playa de Valdevaqueros (Tarifa), donde PP y PSOE han aprobado un plan de urbanización que contempla 1.423 plazas hoteleras y 350 viviendas, en El Palmar de Vejer de la Frontera, la misma promotora urbanística, el Grupo Tarje,  del empresario Juan Muñoz,  impulsa desde 2009 un "macroproyecto hotelero", denuncian a RTVE.es Greenpeace y Ecologistas en Acción.

La Plataforma Salvar El Palmar -con más de 12.000 amigos en Facebook- lucha para evitar la construcción de más de 1.400 plazas hoteleras en esta zona paradisíaca del mar de Trafalgar, un proyecto que ahora está parado, "según la Administración por falta de financiación", explica Antonio Nabú, de la plataforma, que añade que la mitad del terreno es de Bankia, la entidad bancaria en el ojo del huracán de la crisis financiera. No obstante, la responsable de Costas de Greenpeace teme que, "en cuanto haya liquidez, salga adelante".

Nabú indica que hay presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el plan parcial y tienen la esperanza de que no se ejecute porque el terreno está calificado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como "zona inundable". Además, se pregunta "cómo puede ser sostenible" construir casi 1.500 plazas hoteleras en un lugar donde viven 500 personas y duda del reclamo turístico en una zona en la que "puedes estar 15 días sin poder pisar la playa porque se mete el viento Levante", por lo que teme que al final los apartahoteles se vendan como segunda vivienda.

Desde Salvar El Palmar también advierten de que ya se ha comprobado que "el modelo económico del ladrillo es pan para hoy y hambre para mañana".

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, gobernado desde 2011 por el PP y antes por el PSOE, que ante la plataforma alega que el proyecto es legal y que generará empleo en el municipio, no ha querido hacer declaraciones a RTVE.es porque consideran que no se puede vincular este tema con el de Valdevaqueros.

Cabo de Gata (Almería)

Mientras que el tristemente famoso hotel Algarrobico, pese a los fallos judiciales que confirman su ilegalidad, sigue en pie en Carboneras a la entrada del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar a la espera de que la interminable burocracia culmine con su demolición, los grupos conservacionistas denuncian otras amenazas para uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo.

El último golpe para esta Reserva de la Bioesfera ha caído a 10 kilómetros del Algarrobico en forma de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha estimado parcialmente un recurso contencioso administrativo de la promotora de la macrourbanización Marinas de Aguamarga y declara urbanizable esta zona costera de Níjar, donde hay proyectadas 350 viviendas y un hotel con 300 plazas. El TSJA anula por "arbitrario" el nivel de protección ambiental otorgado por la Junta de Andalucía a la zona, aunque hay un fallo del Supremo de 2007 que anula otro del tribunal andaluz que validaba la ejecución de la urbanización.

El portavoz de la Plataforma de Defensa del Parque Natural y presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), José Rivera, confía en que esa "contradicción" entre fallos judiciales acabe por hacer inviable la urbanización y, para ello, han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que finalmente sea la sentencia del Alto Tribunal, la que dice que la zona no es urbanizable, "la que valga". Además, espera que la crisis impida que de momento se construya nada, aunque teme que sí puedan ejecutarse pequeñas actuaciones y que "al final se acaben cargando la zona".

Rivera alerta de otros dos proyectos, ambos también en Níjar: uno que prevé construir un hotel de 50 habitaciones en Campillo de Gata en Pujaire, con polémica judicial de por medio -un juzgado de Almería ha incoado procedimiento por prevaricación contra cargos de la Consejería de Medio Ambiente por dictar resoluciones contra el inicio de las obras y vulnerar acuerdos del TSJA favorables al proyecto-; y otro de una urbanización en La Fabriquilla con 150 viviendas y un hotel, que el Supremo ha avalado como urbanizable, aunque las dificultades para garantizar el abastecimiento de agua pueden disuadir a los inversores.

Desde la plataforma cívica llaman la atención de los promotores y les recuerda que ya hay construidos en el entorno del parque, en El Toyo y Macenas, macrourbanizaciones, hoteles y campos de golf que "languidecen" sin clientes ni inquilinos.

Por su parte, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ha asegurado a RTVE.es que el consistorio "siempre ha acatado las resoluciones judiciales" y ha estado "a lo que diga la Justicia", que en el caso de Aguamarga "ha dicho que hemos actuado conforme a derecho". Para Rodríguez, el proyecto resuelve "la asignatura pendiente" de Níjar de aprovechar la rentabilidad turística y sin que vaya a suponer "una masificación ni una aglomeración" de viviendas para el municipio.

Sobre los casos de Campillo de Gata y La Fabriquilla, el alcalde del municipio almeriense ha recordado que están parados porque están en los tribunales y no ha creído conveniente hacer ninguna valoración "hasta que la Justicia se pronuncie".

Marina de Cope (Murcia)

Siguiendo por la costa del Levante español, llegamos a la Región de Murcia. Allí, en uno "de los pocos tramos de costa que quedan vírgenes", según denuncia Ecologistas en Acción, está proyectado Marina Cope, un megacomplejo turístico, entre Lorca y Águilas, sobre 21 millones de metros cuadrados con 20.000 plazas turísticas. El enclave está rodeado por un LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y el Parque Regional de Cabo de Cope y Puntas del Calnegre.

"Es otro Marina D'Or que supone repetir los errores del pasado",  asegura a RTVE.es Natalia Martín, que recuerda que el proyecto se inició en 2001 y acaba de recibir un último impulso.

La Consejería de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Murcia, del PP, aprobó el pasado 21 de mayo una orden que daba conformidad a las modificaciones de los planes urbanísticos de Lorca y Águilas y "da cumplimiento adecuadamente" a los requerimientos medioambientales de la Comunidad Autónoma y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, según aseguran a RTVE.es desde la Administración regional.

Desde la consejería se subraya que la iniciativa es "respetuosa" con el medio ambiente y tiene "todos los parabienes" y señalan que se han introducido una serie de limitaciones para la "protección de la fauna y flora autóctonas" y un plan de movilidad sostenible. Además, recuerdan que en 2004 la actuación fue declarada "de interés regional" con el objetivo de "potenciar el turismo de calidad" y sostienen que "prueba del detalle y rigurosidad" con los que se ha llevado a cabo el proyecto es que han transcurrido más de 10 años desde su inicio.

El siguiente paso será la redacción de un Plan Especial, promovido por el Consorcio de Marina de Cope, que deberá ser otra vez aprobado por Obras Públicas, por eso no pueden dar fechas estimadas de inicio de obras, "aunque sabemos que habrá algún promotor" que ejecutará el megacomplejo.

Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), ha anunciado que interpondrán un recurso contencioso administrativo contra esta resolución del Gobierno de la Región, a la vez que ha recordado que aún debe resolver el Tribunal Constitucional un recurso del PSOE y varias organizaciones ecologistas contra la corrección del límite del LIC de Marina de Cope que hizo el Ejecutivo murciano hace 11 años. "Es nuestra gran esperanza", afirma.

ANSE denuncia otros dos proyectos en la fachada de la costa murciana de una misma promotora, Hansa Urbana, "coparticipada por la intervenida CAM": la construcción de 7.700 viviendas y un campo de golf en las inmediaciones de Puntas del Calnegre, en el término municipal de Lorca; y la macrourbanización Novo Carthago, junto al Mar Menor y el humedal de Lo Poyo, en San Ginés de la Jara (Cartagena), que prevé levantar entre 8.000 y 10.000 viviendas, dos campos de golf y varios hoteles.

El primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente de Cartagena, Joaquín Segado, ha explicado que el proyecto de Novo Carthago lleva siete años tramitándose y ha pasado ya "favorablemente" dos declaraciones de impacto ambiental, la del PGOU y el plan parcial, y el proyecto urbanizador deberá pasar otra más.

Ha asegurado que una de las modificaciones del PGOU implicó "sacar" el proyecto de zona protegida y ha destacado que la actuación, "con al menos dos hoteles y 5.000 viviendas", pretende "fomentar el turismo de cierto nivel", de forma similar al ya existente La Manga Club, "que compagina perfectamente el respeto al medio ambiente y la actividad turística que genera empleo". Además, destaca que Hansa Urbana debe restaurar el Monasterio de San Ginés de la Jara, un Bien de Interés Cultural (BIC).

El Ayuntamiento de Lorca no ha respondido a la solicitud de información de RTVE.es sobre los proyectos de Marina de Cope y Calnegre.

Es Trenc (Mallorca)

A unos 150 metros de la impresionante playa mallorquina de Es Trenc está prevista la construcción de un complejo hotelero de 5 estrellas y con 1.200 plazas, un campo de golf y zonas polideportivas, que afectará a los arenales de Sa Ràpita y Es Trenc, aunque no se encuentra dentro del Área Natural de Especial Interés (ANEI), pero sí colinda.

El Govern de Baleares, del PP, lo declaró en abril pasado "proyecto de interés autonómico", lo que implica "reducir a la mitad los plazos de tramitación administrativa para tranquilizar a los inversores", denuncia a RTVE.es Margalida Ramis, del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), que añade que el Govern y el Consell de Mallorca se han "alineado con los intereses" del Ayuntamiento de Campos para "desbloquear" la actuación.

Además, el Consell de Mallorca aprobó, con los votos del PP, una resolución en la que se corregía un "supuesto error material" del Plan Territorial de Mallorca (PTM) que aumentaba de dos a 19 las hectáreas susceptibles de urbanización turística en Sa Ràpita. La resolución ha sido recurrida por el PSIB-PSOE ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El grupo ecologista advierte de la "presión y el impacto" que la construcción de este proyecto hotelero tendría sobre el sistema de dunas y la franja litoral de la zona, "muy frágiles y ya muy vulnerables" por la gran afluencia turística en verano. Desde el GOB confían, una vez más, en la "falta de liquidez" por la crisis para que el complejo no se construya, ya que hasta el momento no se ha presentado proyecto.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, en declaraciones a RTVE.es, tras destacar que el hotel de lujo se situará "a cinco kilómetros de la playa", ha justificado la declaración de "interés autonómico" por los "beneficios" que puede tener para los vecinos de Campos y para la empresa turística, además de su "escaso impacto medioambiental" al edificarse en terreno permitido por el PTM. Además, recuerda que este plan fue aprobado la legislatura pasada por el Ejecutivo "de izquierdas" en el Consell de Mallorca.

Según Company, el arenal de Es Trenc "seguirá igual de protegido con o sin hotel de lujo a cinco kilómetros", ya que su protección "está absolutamente garantizada por diferentes figuras" y sostiene que, quien diga lo contrario, "hace un ejercicio de demagogia barata que lleva a la confusión y le hace un flaco favor a las Illes Baleares", a la vez que aboga por conjugar el desarrollo económico con el respeto a las playas y paisajes.

Además, el conseller lanza el mensaje de que el Govern "no tiene ninguna intención de iniciar ninguna carrera urbanizadora, ni desproteger zonas o espacios que cuentan con protección justificada" y recalca que no harán "un urbanismo ideológico, como hicieron otros durante la pasada legislatura, protegiendo terrenos que estaban urbanizados con el consecuente perjuicio para promotores y propietarios".

Cabo de Peñas (Asturias)

A más de mil kilómetros del inicio de nuestro recorrido, en el punto más septentrional del Principado de Asturias, se encuentra Cabo de Peñas, Paisaje Protegido, LIC y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ubicado en el municipio de Gozón. A 500 metros de la playa de Verdicio de este municipio está prevista la construcción de un campo de golf y 500 viviendas unifamiliares, denuncia la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) del Principado acaba de aprobar -a finales de mayo justo antes de que se hiciera efectivo el cambio de Gobierno- el Plan General de Ordenación de Gozón que contempla este proyecto, que supondrá "un verdadero desastre" para la zona, según Fruti Pontigo, del grupo ecologista, que anuncia que se recurrirá judicialmente.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Gozón, Ramón Artime, defiende a RTVE.es que el proyecto "cumple con la legalidad al cien por cien" y supone una "apuesta por el turismo de calidad, que genera riqueza y empleo" para que este concejo se dinamice "y cambie el turismo de bolsa, casera y bocadillo de un día". El edil añade que de los 80 kilómetros cuadrados de Gozón, un total de 25 están protegidos, y lamenta que haya oposición a construir donde sí se puede. "No está la cosa en España para discutir inversiones",  concluye.

La Coordinadora Ecoloxista también denuncia otros dos LIC amenazados por la excavadora en Asturias: las dunas del Espartal, en Castrillón, monumento natural en primera línea de playa junto al que están previstas 300 viviendas; y la turbera de las Dueñas, en Cudillero, también monumento natural y donde se proyectan 900 viviendas entre edificios e inmuebles unifamiliares.

En contra de lo que piensan otros ecologistas, para Pontigo, es "una falsa realidad" que la crisis vaya a parar estos proyectos urbanísticos por la sencilla razón de que "los ayuntamientos están faltos de dinero y dan más facilidades que nunca porque están desesperados". Además, alerta que también son oportunidades para la especulación "para comprar ahora barato y luego vender caro".

Todos estos son solo algunos de los casos con más repercusión nacional, pero los grupos ecologistas de toda España tienen abiertos otros muchos frentes en los 6.000 kilómetros de nuestro litoral, aún amenazado por la piqueta pese al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.