Aumenta la presión hacia Dívar desde jueces de todos los sectores

• La APM vería "con desahogo" una dimisión del presidente del CGPJ
• La FJI pide que dimitan Dívar y el vocal Gómez Benítez, denunciante
• Los jueces decanos manifiestan su "impotencia, vergüenza y tristeza"
• El Gobierno evita pronunciarse sobre el papel del CGPJ

El Gobierno evita pronunciarse sobre una dimisión de Dívar

La presión para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, dimita por sus polémicos viajes a Marbella con cargo a las cuentas públicas, va en aumento a unas horas de que el órgano de gobierno de los jueces celebre un pleno extraordinario para debatir su dimisión este sábado. Así, distintas asociaciones de jueces de todos los sectores, un grupo de jueces decanos y otros miembros del colectivo judicial se han manifestado a favor de su dimisión.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador, ha reconocido este viernes que acogería con "desahogo" que Dívar presentara voluntariamente su dimisión para acabar con la "crispación" desatada.

En declaraciones a Europa Press, su portavoz Pablo Llarena ha explicado que la asociación no pide explícitamente el cese de Dívar por la "trascendencia" que tendría en el exterior de España y que da libertad a sus vocales para tomar la decisión que consideren oportuna en el pleno extraordinario. No obstante, acogerían con "desahogo" que dimitiese voluntariamente.

El FJI pide que dimitan Dívar y Gómez Benítez

El Foro Judicial Independiente (FJI) considera que deben dimitir tanto el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, como el vocal de esta última institución José Manuel Gómez Benítez, que fue quien denunció los gastos en viajes del presidente del órgano de gobierno de los jueces.

A través de un comunicado, el FJI sostuvo que Gómez Benítez ha formulado la denuncia de un modo "absolutamente tendencioso".  A su vez, esta asociación de jueces estima que el "silencio" del presidente del Supremo "ha terminado por reivindicar la discutible actuación del vocal que interpuso la denuncia" sobre sus gastos.

El FJI añadió que los viajes de Dívar exigían "una explicación amplia, clara y suficiente" tanto a los ciudadanos como a los jueces. Sin embargo, el presidente del CGPJ "ha optado por no dar explicación alguna", por lo que su "única salida digna" es "su inmediata renuncia al cargo".

Asimismo, este colectivo de jueces sostiene que la actuación del vocal Gómez Benítez "ha tenido una clara finalidad de desprestigiar", algo que es "intolerable" para un miembro del Consejo. Por este motivo, el FJI cree que este vocal "debe presentar inmediatamente la renuncia al cargo".

Los jueces decanos sienten "impotencia, vergüenza y tristeza"

Por su parte, un total de 17 jueces decanos de toda España han firmado un comunicado en el que dicen sentir "impotencia, vergüenza y tristeza" por la polémica suscitada en torno a los 32 viajes que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, cargó a las cuentas públicas por valor de cerca de 28.000 euros y han solicitado al CGPJ que esté "a la altura de las circunstancias".

Los 17 jueces decanos, entre los que se encuentran el de Madrid, José Luis González Armengol, y la de Barcelona, María José Feliu Morell, aseguran que esta situación "es gravemente perjudicial para la imagen del Poder Judicial ante los ciudadanos y afecta al mismo funcionamiento del Estado de Derecho".

Los jueces decanos firmantes aseguran que los recientes acontecimientos "nada tienen que ver con el trabajo cotidiano de los 4.800 jueces y magistrados de este país, cuya labor responsable, seria y abnegada puede quedar desprestigiada por razones que les son totalmente ajenas, máxime cuando la austeridad ha sido siempre consustancial al trabajo y a la misma actitud de los jueces".

Torres-Dulce desea estabilidad para el CGPJ

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha mostrado su "satisfacción" por el archivo por el Tribunal Supremo de la querella contra Dívar, tal como había pedido la Fiscalía, y ha mostrado su "respeto" por las peticiones de dimisión, aunque se ha negado a dar su opinión, y ha mostrado su deseo de que exista "la mayor estabilidad posible" en el CGPJ para que "cumpla sus finalidades constitucionales".

Torres-Dulce ha señalado que la posición de la Fiscalía "ha sido fijada de forma determinante" sobre la querella contra Carlos Dívar, al entender el teniente fiscal del Supremo que "no existe ningún indicio que permita incriminarle por ninguno de los delitos previstos en el Código Penal".

Según ha manifestado, procesalmente "no va a haber ningún paso más" por parte de la Fiscalía, y ha asegurado que lo que decida el Consejo General es algo "les corresponde a ellos de manera autónoma".

El fiscal vasco pide cambiar las normas del uso de fondos

Por su parte, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha opinado que "deberían cambiar las normas de utilización de los fondos públicos" para evitar situaciones como la ocurrida.

En las preguntas posteriores a una conferencia que ha impartido en Bilbao, Calparsoro ha destacado el respeto que siente hacia Carlos Dívar, a quien ha descrito como "una buena persona, con unos valores" apreciados por el fiscal vasco, y hacia el cargo institucional que representa. Por ello, ha eludido pronunciarse sobre si Dívar debería dimitir de sus cargos.

Según ha argumentado, la "situación" generada en torno a los gastos del presidente del CGPJ "obedece a una etapa en la que se han utilizado los fondos públicos de una manera demasiado laxa por parte de algunas instituciones".

Calparsoro ha destacado que "esos fondos deben usarse de manera rigurosa porque es dinero de todos" y ha añadido que los cargos públicos "tienen unos deberes de ejemplaridad para la ciudadanía".

El Gobierno respeta la independencia judicial

Desde el Gobierno, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado pronunciarse sobre el papel de Dívar y del CGPJ por "respeto a la separación de poderes y la independencia judicial", el mismo que ha manifestado hacia el archivo de la querella por parte del Supremo, "que ha señalado que la actuación no ha sido delictiva".

Sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, que podría implicar reducir a cinco el número de miembros del CGPJ liberados, ha dicho no poder concretarlo hasta que se apruebe en Consejo de Ministros, pero sí ha recordado que el Gobierno ha impulsado "mecanismos similares" en otros consejos de instituciones públicas, como el Consejo de Administración de RTVE, donde solo el presidente tendrá un sueldo y el resto de consejeros cobrarán dietas por asistencia a reuniones.

En cualquier caso, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ya ha manifestado, "mucho antes de que se produjese cualquier problema en el CGPJ", que su intención es que el órgano de gobierno de los jueces "tenga un diseño más parecido a la previsión que se hizo en la Constitución, con jueces elegidos por los jueces" y de carácter "más independiente".