Hacienda podrá embargar de forma preventiva a los sospechosos de delito fiscal

• Se quiere evitar que los contribuyentes investigados saquen sus bienes del país
• El juez decidirá después si mantiene, elimina o amplía las medidas cautelares
• Se limitarán a 2.500 euros los pagos en efectivo de servicios profesionales

Hacienda podrá adoptar medidas cautelares y embargar de forma preventiva a los sospechosos de haber cometido delito fiscal si sale adelante el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que también ha decidido inversiones para el turismo.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de evitar que ocurra como hasta ahora y que el contribuyente investigado por un supuesto delito fiscal saque sus bienes mientras la Agencia Tributaria realiza los trámites para llevarlo ante el juez, "con lo que, al delito fiscal, se suma un alzamiento de bienes mientras el juez decide", ha explicado la vicepresidenta.

Así, Sáenz de Santamaría -que ha presidido este viernes el Consejo de Ministros debido a que la agenda internacional mantiene a Mariano Rajoy fuera de España- ha señalado que "se puede embargar preventivamente al inicio del procedimiento para garantizar que se logra ese cobro". Después, ha añadido, "el juez podrá decidir si mantiene, elimina o amplía" esas medidas cautelares.

También, en el caso de sociedades liquidadas debido a un concurso de acreedores o a un cierre de otra naturaleza, se tratará de "evitar el vacío patrimonial que impida cobrar a la Agencia Tributaria" y, para ello, ha continuado la vicepresidenta, "se amplía la responsabilidad de los sucesores en esa empresa".

Si se descubre que una empresa tiene "ánimo de defraudar", también responderán los administradores.

En el caso de que un deudor tributario no tenga bienes a su nombre, "pero controla acciones de una sociedad que sí tiene bienes (...) . esa sociedad no podrá disponer de los bienes hasta que no se satisfaga la deuda".

En el proyecto de ley también se trata de luchar contra el fraude en  el pago del IVA:  "evitar que alguien se deduzca el IVA y el otro no lo  ingrese", lo que  supone una doble pérdida de recaudación para el Estado.

"En España  se tiene que acabar el con IVA y el sin IVA. Nos conviene a todos: a  los que pagan, al Gobierno, a la Agencia Tributaria. Se trata de nuestros servicios públicos,  nuestra Sanidad, nuestra Educación. El que presume de ir sin IVA está  defraudando a la sociedad", ha alertado Sáenz de Santamaría.

Límite de 2.500 euros a los pagos en efectivo

Junto a estas medidas, el proyecto de ley incluye la limitación a 2.500 euros de cualquier pago en efectivo, "en billetes", entre dos empresas, dos profesionales o entre un profesional y un particular. Ese límite se eleva hasta 15.000 euros si se trata de profesionales no residentes en España. De ese límite, ha advertido Sáenz de Santamaría, "se exceptúan las operaciones entre dos particulares".

"Si se incumple esa limitación, tanto el que paga como el que recibe son solidarios de la infracción que constituye ese pago en metálico", ha advertido la vicepresidenta, quien ha indicado que "se contempla que uno de ellos pueda eludir la sanción si denuncia esa infracción".

Como ha recalcado, "no se podrán pagar en efectivo servicios profesionales por encima de 2.500 euros para evitar el uso de 'dinero negro', el que viene de la economía sumergida".

Obligación de declarar todos los bienes que se tengan en el extranjero

En tercer lugar, el Gobierno obligará a todos los ciudadanos a comunicar a la Agencia Tributaria todos los bienes que tienen en el extranjero, "ya sean valores, rentas, títulos o cuentas que están fuera de España", ha concretado la vicepresidenta.

"La ocultación de ganancias patrimoniales no justificadas no prescribirá nunca y se atribuirán al ejercicio fiscal del año en el que se descubren", ha señalado.

Las multas para esas infracciones serán de un mínimo de 10.000 euros, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato no comunicado.

Además, se excluirán del régimen de módulos a algunas profesiones "cuando el volumen de los rendimientos exceda los 50.000 euros anuales y siempre que, además, representen el 50% del volumen de rendimientos íntegros", ha explicado la vicepresidenta.

"Hasta ahora, muchas podían ir al régimen de estimación objetiva, por módulos, donde no se determinaba su deuda tributaria por lo que eran sus beneficios, sino por determinadas características de la profesión", ha recordado. Pero, con las modificaciones incluidas en el proyecto de ley contra el fraude fiscal, "todo lo que exceda de esa cantidad irá a otro tipo de tributación", ha explicado.

Este punto se dirige, según Soraya Sáenz de Santamaría, "a determinadas empresas que hacen tareas para otras, para otros profesionales, en un nivel de renta muy elevado".

Por último, se van a endurecer las sanciones por imponer resistencia, excusa o negativa a cumplir las obligaciones fiscales. La sanción estará entre 1.000 euros y 100.000 euros si el contribuyente no desarrolla actividad, y entre 10.000 y 600.000 si sí la desarrolla. Se podrán reducir a la mitad si, al ser descubiertos, se aprecia ánimo de colaborar.

Plan del Turismo

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Plan Integral Nacional de Turismo para los próximos cuatro años, que contará con una aportación dineraria que oscilará entre 1.600 y 1.800 millones de euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el turismo va a ser "una política de Estado", liderada desde el Gobierno con la colaboración de las administraciones y la público-privada para impulsar uno de los sectores clave para el crecimiento económico y de empleo