El Supremo de EE.UU. anula la mayor parte de la ley que criminaliza la inmigración en Arizona
- Es una victoria parcial para Obama, que había impugnado el texto
- Anula que se pueda detener a una persona por la sospecha de que es ilegal
- Permite que la Policía pida los papeles a inmigrantes que detiene por otros delitos
- El caso tiene una importancia electoral clave por el peso del voto hispano
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado los elementos claves de la controvertida ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal aunque mantiene el requerimiento a la Policía estatal de pedir los papeles a cualquier persona que detengan si sospechan que está en el país ilegalmente.
Se trata de una victoria parcial de la Administración Obama, que había denunciado la ley del estado del sur de Estados Unidos, gobernado por la republicana Jane Brewer y que ha sido imitada por otros estados republicanos como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Florida.
En concreto, el alto tribunal anula los artículos que considera un crimen estatal que los inmigrantes ilegales no posean tarjetas de identificación cuando se les requiere, que trabajen o soliciten un trabajo y el que permite detener a inmigrantes sin orden judicial cuando exista una causa probable de que están en el país ilegalmente.
Según el dictamen emitido este lunes, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la ley SB1070, pero han reafirmado, no obstante, parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones.
Así, las autoridades estatales de Arizona podrán continuar aplicando la cláusula que les permite verificar el estatus migratorio de personas que detenga por otras infracciones, algo que, según los activistas proinmigrantes dará licencia a la discriminación racial en el estado.
La ley SB1070 fue promulgada por la gobernadora republicana, Jan Brewer, el 23 de abril de 2010 y entró en vigor a finales de julio de ese año, aunque descafeinada después de que la juez federal Susan Bolton bloquease los aspectos más polémicos de la ley.
Efecto electoral
El dictamen, según analistas, tendrá amplias repercusiones electorales por su efecto en el voto hispano, además de que afectará el futuro rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la inmigración ilegal.
El debate sobre qué hacer con los aproximadamente once millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos ha llegado hasta la contienda electoral, en unos momentos en que los votantes hispanos se perfilan como un bloque definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, consideraba la ley "equivocada" y su Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado al considerar que violaba las competencias federales sobre inmigración.
El candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2012 ha prometido que abandonaría la demanda contra Arizona y que adoptaría la idea del estado de Arizona de hacer la vida casi imposible a los inmigrantes ilegales para que ellos mismos elijan la "autodeportación".
Escenarios posibles
El Tribunal Supremo tenía ante sí varios escenarios posibles: anular solo aquellas secciones que suponían una intrusión en la autonomía del Gobierno federal; dejarlas en pie en aras del reforzamiento de la seguridad pública, o anular unas y validar otras.
El fallo del Tribunal Supremo se produjo después de que el pasado 15 de junio, la Administración Obama decidiera suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a Estados Unidos cuando eran menores.
El caso de la SB1070 llegó ante el Tribunal Supremo porque la gobernadora Brewer impugnó la decisión de otros tribunales de bloquear las partes más polémicas de la ley estatal.
Esas jurisdicciones inferiores coincidieron con el Departamento de Justicia en que esas partes de la ley usurpaban los poderes del Gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración.
Los partidarios de la ley consideran que es necesaria porque el gobierno federal ha fracasado en el control de la entrada de inmigrantes ilegales, forzando a estados fronterizos como Arizona a hacer frente a altos costes educativos y sanitarios para los inmigrantes ilegales.
Por eso, consideran que la ley lo único que hace es darle el poder a la Policía estatal y al gobierno estatal de aplicar las leyes antiinmigración que ya existen.
Los opositores creen que la ley criminaliza a los inmigrantes, abre la puerta a que se establezcan controles rutinarios a hispanos que han entrado legalmente en Estados Unidos y fuerza a la Policía estatal a interferir en la política antiinmigración de todo el país.
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