La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia

• La Fiscalía pide que devuelvan 7,87 millones de euros aportados por el Estado
• Les acusa de un posible delito de apropiación indebida o administración desleal
• El Estado es el dueño del 93% de la entidad gallega mediante el FROB

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite este martes la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Caixa Galicia y Caixanova, ahora fusionadas y convertidas en Novagalicia Banco, por mejorar presuntamente sus contratos sin comunicarlo explícitamente al Consejo de Administración.

Anticorrupción consideraba que las mejoras de sus contratos de alta  dirección podrían ser constitutivos de un delito de administración  desleal,  que se recoge en el artículo 295 del Código Penal, o,  alternativamente, de un delito de apropiación indebida, recogido en el  artículo 252.

Los querellados son Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro.

Pagados por el Estado

Según se explica en la querella, la cantidad mínima que se pide a los exdirectivos, al haberla cobrado indebidamente, son 7,87 millones de euros aportados por el Estado, ya que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "el que sostiene económicamente desde 2010 a la entidad crediticia", primero a NovaCaixaGalicia y después a NCG Banco.

Estos altos directivos cobraron en total entre todos -a excepción de Fernández Gayoso, que no se detalla- 18,9 millones de euros,  de los que deberían devolver los citados 7,87 millones.

El Estado es propietario de la entidad gallega en un 93% del capital social después de dos inyecciones económicas a través del FROB: la primera del 11 de mayo de 2011 de 1.162 millones de euros, mediante la suscripción de participaciones preferentes, y la segunda, de 2.662 millones de capital, el 10 de octubre de 2011.

Acordaron mejorar sueldos ocultándolo al Consejo

La Fiscalía explica que Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán Laza, entonces directivos de Caixanova, acordaron mejorar sus contratos ocultándoselo al Consejo, para preparar su previsible salida de la entidad tras el anuncio de su fusión con CaixaGalicia "en menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria que administraban".

Para ello, continúa la Fiscalía, tuvieron que contar con la "necesaria cooperación" del entonces presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.

Según dice la querella, los citados directivos abusaron de las funciones de su cargo "en pleno conocimiento de la dificilísima situación por la que atravesaba la entidad crediticia" y dispusieron "fraudulentamente" de bienes de la misma ocultando al Consejo y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, a "una parte de las cuales no tenían derecho".

En los nuevos contratos, firmados el 20 de octubre de 2010, "se altera el concepto de la renta vitalicia total" que iban a cobrar estos altos directivos a su salida de la entidad, que ahora incluiría como retribución fija la parte del salario variable denominada "retribución complementaria por resultados, parte fija". Además, los contratos incluyen un derecho de viudedad que tampoco estaba contemplado en los antiguos contratos ni en sus anexos.

El Consejo las aprueba pensando que son antiguas

Más tarde, en el Consejo de Administración de NovaCaixaGalicia, unión de las dos cajas antes citadas, celebrado el 1 de diciembre de 2010, Gayoso se limita a comunicar la firma de los contratos con los tres directivos, sin informar sobre la modificación de su contenido, y el Consejo acuerda ratificar y subrogar estas retribuciones, pensando que son las antiguas.

Además, ese Consejo acordó la firma de un contrato con Francisco Javier García de Paredes Moro, antiguo directivo de Caixa Galicia, "en las mismas condiciones" de las que ya disponían los tres mencionados altos directivos, según la recomendación de Fernández Gayoso.