Un tribunal egipcio suspende el decreto que permitía a los militares detener a civiles

• Activistas denunciaban que eran una prolongación de la ley de emergencia
• Morsi se reúne con los militares en plenas negociaciones para perfilar su poder

Un tribunal egipcio ha anulado el decreto del gobierno egipcio que permite al ejército arrestar civiles, una medida impuesta por la junta militar antes de la victoria del islamista Mohamed Morsi el pasado domingo y que fue denunciada por grupos egipcios como un intento de volver a la ley de emergencia de la dictadura de Hosni Mubarak, anulada el pasado mes de mayo.

"El tribunal ha bloqueado la decisión del Ministerio de Justicia de dar al ejército y a la inteligencia militar el poder de arrestar", ha declarado el juez administrativo de El Cairo Ali Fikry.

El pasado 13 de junio, el Ministerio egipcio de Justicia emitió un decreto en el que autorizaba este tipo de arrestos por determinados delitos de derecho común.

El objetivo de la medida era preservar la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas con la colaboración de la Policía, que desde la supresión el pasado mayo de la ley de Emergencia era el único cuerpo que tenía esas atribuciones.

La norma, que iba a estar en vigor hasta la redacción y aplicación de la nueva Constitución, despertó las críticas de los movimientos pro derechos humanos, que consideraron que abría la puerta a la represión de las manifestaciones o las huelgas.

Las denuncias de los activistas señalaron que la decisión del titular de Justicia, Adel Abdel Hamid, se contradice de "forma explícita con el código del procedimiento penal y con el código especial de la Justicia militar", según Mena.

También apuntaron que la resolución genera sospechas porque se aprobó tres días antes de las elecciones presidenciales y poco después de la anulación de la ley de Emergencia.

Esa medida de excepción, en vigor desde 1981 bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, quedó anulada el pasado 31 de mayo después de que la Junta Militar que gobierna el país de forma transitoria decidiera no renovarla.

Negociaciones

Estas decisión, que se produce tras el recurso de activistas pro derechos humanos y políticos, llega en plenas negociaciones entre Morsi y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene ahora el poder legislativo tras la disolución del parlamento, para delimitar el poder de cada uno.

Los Hermanos Musulmanes ya han alcanzado algunos acuerdos con el ejército, según ha asegurado el grupo islamista. Mientras, Morsi ha acudido al Ministerio de Defensa para reunirse con los generales de la junta militar tras una primera visita presidencial.

La primera tarea del nuevo presidente será nombrar a un gobierno, que ha prometido que sea incluyente, por lo que nombrará a seis vicepresidentes -una mujer, un cristianos y otros procedentes de grupos ajenos a los Hermanos Musulmanes- aunque actuarán como un panel asesor, según Sameh Essawi, un hombre cercano al presidente.

Morsi, por su parte, ya ha dimitido como líder de la formación política de los Hermanos, el Partido Libertad y Justicia, para ser "el presidente de todos los egipcios", aunque algunas voces ponen en duda su independencia respecto al opaco consejo de la formación islamista.

El partido ha nombrado a Essam el-Erian como su líder interino.

Toma de posesión

Los Hermanos Musulmanes enviaron a sus seguidores a las calles para protestar contra el fallo de la Corte Constitucional que ordenaba la disolución de todo el parlamento al considerar que la ley se violó durante su elección hace seis meses.

Este movimiento, respaldado por el ejército, amenaza con forzar unas nuevas elecciones parlamentarias que podrían hacer perder apoyo a la mayoría de los Hermanos y sus aliados y, a su vez, daña uno de los principales logros de la transición post-Mubarak.

Los islamistas y otros grupos parlamentarios consideran que esta decisión, junto con el decreto anulado este martes que permita al ejército detener civiles y el que ha limitado los poderes del presidentes,  formen parte de un golpe de estado militar encubierto para frenar el proceso democrático.

De hecho, los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde finalmente ganó Morsi, se retrasaron una semana en medio de rumores de que el vencedor había sido su rival y ex primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq.

Durante ese lapso de tiempo, los Hermanos y el ejército mantuvieron negociaciones discretas, según fuentes oficiales de ambas partes.

Lo cierto es que el nuevo presidente será investido el sábado pero no será ante un parlamento que permanece cerrado a cal y canto. Lo hará probablemente ante la Corte Constitucional que ordenó disolver a ese parlamento, aunque los Hermanos realizarán una investidura simbólica en la plaza Tahrir.

"Estamos trabajando para lograr un compromiso sobre varios temas para que todas las partes puedan trabajar juntas en el futuro", ha declarado Essam Haddad, asesor de Morsi y alto cargo de los Hermanos.

Haddad ha detallado que las conversaciones tratan de posibles enmiendas al decreto constitucional del ejército que limita los poderes presidenciales.

"No aceptamos tener un presidente sin poder. La solución en la que estamos trabajando ahora es dar marcha atrás a esas restricciones para que Mursi pueda cumplir las promesas que le hizo al pueblo", ha detallado Haddad, que considera que el ejército podría mantener el control del presupuesto y de sus asuntos internos, pero se mantendrían ajenos a la asamblea constituyente que debe redactar una nueva carta magna.

Sin embargo, en su intento de aumentar su poder, el decreto del ejército le da poder de veto en los artículos de la constitución que la asamblea redacte-

"Las negociaciones implican relajar el poder de los generales en la asamblea constitucional para que pueda redactar su nueva constitución sin interferencias", ha defendido Haddad.

Un alto cargo de los Hermanos ha detallado que los generales han accedido a renunciar a su veto sobre los artículos redactados por la asamblea dado que diez de sus miembros islamistas han sido sustituidos por tecnócratas cercanos a los militares.