UGT y CC.OO. convocan caceroladas contra el "desmantelamiento del sector público"

• Los actos de protesta están convocados en 58 ciudades españolas
• Para los sindicatos, los recortes son "un robo al Estado del Bienestar"

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. celebran una nueva jornada de lucha en el Sector Público Estatal --Administración central y empresas estatales--, que se encuadra en la campaña de movilizaciones contra los recortes que iniciaron ambos sindicatos el pasado mes de mayo.

Con estas movilizaciones UGT y CC.OO. quieren denunciar el "desmantelamiento sistemático y sin límite del Sector Público Estatal" que, a su juicio, está "poniendo en peligro" el Estado del Bienestar.

Las organizaciones sindicales llevarán a cabo diversos actos de protesta como caceroladas y concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de casi 60 ciudades españolas.

En Madrid, donde se encuentra el grueso de trabajadores de la Administración General del Estado, se ha programado una concentración a mediodía en la calle María de Molina, 50.

Políticas "contrarias a la esencia de lo público"

A través de un manifiesto conjunto, los dos sindicatos han expresado su rechazo frontal a la política llevada a cabo desde la Unión Europea a través del Gobierno, basada en medidas "contrarias a la esencia de lo público".

Ambas centrales sindicales insisten en que al "enorme recorte presupuestario" ejecutado por el Gobierno en las cuentas de 2012 --entre el 12% y el 24% menos en ministerios, empresas públicas y otros organismos públicos-- se suman las leyes de estabilidad presupuestaria, "ordenadas desde la UE".

"Estas medidas pueden llegar a obligar al cierre de empresas y organismos públicos ante la falta de dotación presupuestaria y la prohibición expresa de la existencia de pérdidas en la Administración pública", añaden.

Así pues, UGT y CC.OO. con la jornada de lucha de este jueves quieren concienciar a la ciudadanía de lo que consideran "un robo al Estado del Bienestar español y a los derechos ciudadanos".