La juez de los ERE imputa al exdirector de Trabajo, Juan Márquez, ayudas ilegales de 154 millones

• Delitos imputados: prevaricación, falsedad documental y malversación
• Dice que el imputado continuó otorgando ayudas a sabiendas de la ilegalidad
• Juan Márquez dice que en dos mudanzas se destruyeron expedientes

Según la juez, Juan Márquez, exdirector de Trabajo, dio ayudas ilegales de 154 millones

La juez que investiga los ERE irregulares ha imputado a Juan Márquez, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, cuatro delitos continuados por la concesión de ayudas ilegales por importe de más de 154 millones de euros.

La primera parte de la comparecencia de Márquez ante la juez Mercedes Alaya ha estado dedicada a la enumeración de los cuatro delitos continuados que le imputa: prevaricación omisiva y activa, falsedad en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y malversación de fondos públicos.

En total se trata de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas que Márquez otorgó a sabiendas de dos informes de los bufetes Garrigues y Price Waterhouse sobre la ilegalidad del procedimiento y su concesión sin fiscalización ni control de la UE, han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

El imputado continuó con las ayudas a pesar de su "ilegalidad"

El imputado "mantuvo el procedimiento pese a tener conocimiento de sus consecuencias ilegales" y permitió un "uso abusivo de fondos públicos regalados a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE", según Alaya.

Mantener el sistema de ayudas "era jurídicamente inexplicable", según la imputación, que acusa a Márquez de haber favorecido especialmente a su provincia natal de Huelva.

Uno de los aspectos que Alaya le ha imputado es haber vulnerado el artículo 133 del Estatuto de Autonomía sobre la obligación de servir objetiva y fielmente los intereses generales de Andalucía.

Márquez dice que en dos mudanzas se destruyeron expedientes

Juan Márquez ha dicho a la juez que investiga los ERE irregulares que en dos mudanzas realizadas en 2008 y 2009 en la Consejería de Empleo se destruyeron expedientes.

En su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya durante la sesión de la tarde, Márquez ha explicado que en esas mudanzas de la Dirección General, dentro de la sede sevillana de la Consejería de Empleo, una parte de los expedientes se enviaron a los servicios centrales y otra se destruyó.

Se trató de mudanzas internas realizadas a finales del 2008 y del 2009, ha explicado Márquez, quien a preguntas de la juez ha dicho que "no sabe cual fue el criterio para esa destrucción" de expedientes.

Abogados personados en la causa han comentado a los periodistas, durante un receso, que Márquez ha declarado que no comprobaba los datos de las empresas que solicitaban ayudas porque les daba "presunción de veracidad".

Ello ante el asombro de la juez, que le ha preguntado por casos concretos como el de la empresa Corvillete, que pidió ayudas para ocho trabajadores pese a que solo tenía dos, según los citados letrados.

También ha reconocido que algunas de las ayudas sociolaborales que concedió la Junta bajo su mandato eran en realidad ayudas directas a empresas, pero ha negado que se tratase de un mecanismo para evitar los controles de la UE, ya que se trata de una legislación que el imputado desconocía, según ha declarado.

Las manifestaciones de Márquez han irritado a la juez Mercedes Alaya en diferentes momentos y la magistrada ha llegado a pedir que conste en acta que "se le ha preguntado cinco o seis veces por la misma cuestión y ha respondido con evasivas".

La declaración de Márquez, que comenzó a las 11 de la mañana del martes, continuará el miércoles y el jueves ya que hasta las 21 horas solo había respondido a 50 de las 90 preguntas de Alaya y a continuación debe responder a la Fiscalía Anticorrupción y a los abogados de la acusación y las defensas.

La comisión de los ERE pedirá permiso para interrogar a los encarcelados

La comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares de la Junta pedirá permiso a la juez que instruye el caso y a Instituciones Penitenciarias para interrogar a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, y a Francisco Javier Guerrero, ex director general, ambos en prisión preventiva.

Fernández y Guerrero figuran en la primera relación de comparecientes aprobada por la comisión, junto con otros excargos de la Junta que han sido imputados, diecisiete responsables del actual o de anteriores gobiernos andaluces, entre ellos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y tres dirigentes del PP, Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha confirmado en rueda de prensa que para abordar las comparecencias de Antonio Fernández y de Francisco Javier Guerrero solicitará permiso tanto a la juez Mercedes Alaya como a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

García no ha dejado claro el formato y contempla el desplazamiento de los comisionados a la cárcel, que los encarcelados acudan al Parlamento o incluso que la comparecencia se realice a través de una vídeoconferencia.