La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal

• El Gobierno tiene un plazo de 20 días para presentar todo el expediente
• Inmediatamente después, el PSOE pedirá su suspensión cautelar
• Los socialistas ya presentaron un recurso contra la amnistía fiscal al TC

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE contra la "amnistía fiscal" aprobada por el Gobierno y en el que los socialistas reclaman su paralización inmediata de la norma.

Fuentes de la dirección federal han informado a Efe de que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado además requerir a los ministerios de Economía y Hacienda todo el expediente sobre el decreto de la amnistía fiscal.

Así, ha dado un plazo improrrogable de 20 días al Gobierno para que presente en los juzgados todo el expediente relacionado con este asunto.

Inmediatamente después, según las fuentes, el PSOE pedirá la suspensión cautelar de la "amnistía fiscal".

En concreto, el PSOE presentó un recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial que desarrolla el decreto ley de regularización de activos ocultos y que amplía la "amnistía fiscal" al dinero en efectivo.

Recurso al Constitucional

De forma paralela, los socialistas también han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al entender que el decreto del Gobierno vulnera por partida doble la Carta Magna por entender que es injusta y contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad.

La norma permite la regularización de activos ocultos abonando un 10% del valor de las obligaciones tributarias pendientes.

Antes de este cambio, una persona que quisiera regularizar una renta de un millón de euros obtenida en 2008 y ocultada a la Administración Tributaria, debería pagar 565.315 euros (430.000 euros en concepto de cuota, 86.000 por recargo y 49.315 en concepto de intereses de demora devengados), mientras que con la nueva normativa sólo serán 100.000 euros, según el PSOE.

Tal y como señaló en su día la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, la normativa del Gobierno significa "una barra libre para los defraudadores" y permite "el blanqueo de dinero negro en metálico", sin que sea posible conocer su origen ni el momento en el que se ha obtenido.