La juez deja en libertad con cargos al exdirector de Trabajo Juan Márquez

• Nadie pide prisión, pero la Fiscalía pide una fianza civil de 205 millones
• Reconoce a la juez que "quizá no fue todo lo diligente que debería" en el control
• "Usted hace el interrogatorio difícil y cansino", le ha espetado la juez Alaya
• Ha declarado durante dos días por los ERE irregulares

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha dejado este miércoles en libertad con cargos al exdirector general de Trabajo de la Junrta de Andalucía Juan Márquez, al término de dos días de declaración como imputado.

Márquez ha quedado libre dado que ninguna de las partes ha pedido prisión, si bien la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros por las ayudas presuntamente fraudulentas que Márquez autorizó, demanda a la que se han adherido las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias.

La Junta de Andalucía,  personada como acusación, ha pedido una fianza civil de 3,5 millones por las ayudas concretas a las empresas Packsur, Río Grande, Virgen del Espino y por los intrusos Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón en Calderinox.

La libertad de este exalto cargo rompe la línea mantenida hasta ahora por la juez Mercedes Alaya, que mantiene encarcelados al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El cambio de línea se ha producido después de que la Audiencia de Sevilla decidiese hace dos semanas dejar libre a Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general Guerrero encarcelado como perceptor de 1,3 millones de euros en ayudas irregulares. En breve se pronunciará también sobre la libertad de Fernández, por lo que abogados personados en la causa han comentado a los periodistas que la decisión de no pedir prisión para Márquez puede responder a que las partes anticipan una nueva decisión de la Audiencia a favor de la libertad de todos los encarcelados.

"¿De verdad me puedo ir?"

Márquez, que fue director general entre el 2009 y el 2010, fue imputado por Alaya por cuatro delitos continuados: prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad en documento oficial en ayudas que totalizaban 154 millones de euros.

A la salida de la sala de vistas donde se ha desarrollado la declaración, el ex alto cargo se ha abrazado, conteniendo la emoción, con su abogado, Manuel Pérez Cuajares, y los letrados que más le han apoyado en estos dos días de declaración. "¿De verdad me puedo ir?", ha preguntado Márquez a su abogado, y nada más recibir una respuesta afirmativa ha tomado la escalera para bajar aprisa los dos pisos que le separaban de la calle.

Solo se ha vuelto un segundo para decir a los periodistas que se sentía "satisfecho".

"Usted me aburre"

En el interrogatorio, que empezó el martes, la juez Mercedes Alaya ha elevado el tono de su enfrentamiento con Márquez a quien ha espetado: "usted me aburre" después de repetirle varias veces una pregunta en relación con el caso de los ERE.

Abogados personados en la causa han explicado a los periodistas que, en otro momento del interrogatorio, Márquez ha reconocido que otorgó ayudas a la empresa Surcolor para el pago de nóminas y atrasos de la Seguridad Social, pese a que la solicitud era para abonar parte de las primas de prejubilaciones.

"Me está usted alarmando por momentos", le ha dicho la juez Mercedes Alaya ante la respuesta recibida.

En otro momento de la declaración, Alaya ha preguntado a Márquez por qué otorgó una ayuda de 450.000 euros a Aglomerados Morell pese a tener un informe del bufete Garrigues que le declaraba incompetente debido a la cuantía, a lo que Márquez ha respondido "Garrigues no es palabra de Dios".

El interrogatorio se centra en las ayudas individuales

El interrogatorio se ha centrado esta tarde en las ayudas individuales, en las que el exdirector general ha reconocido que pidió que se concediese una a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla, pero lo hizo porque creyó que tenía derecho y ha precisado que él no pidió que fuese incluido como intruso en la empresa Calderinox.

En cuanto a Antonio Fernández Garzón, beneficiario también de la póliza de Calderinox pese a que nunca había trabajado en la empresa, Márquez ha declarado que fue incluido porque recibieron una carta del sindicato CCOO, al que pertenecía.