El parlamento debate la destitución del presidente rumano en la mayor crisis desde Ceaucescu

• La mayoría socialista y liberal le acusa de violar la constitución
• El presidente contesta que quieren hacerse con el poder institucional
• Si el parlamento vota la destitución habrá referéndum sobre su salida

El presidente rumano, Traian Basescu, se dispone a hablar ante los parlamentarios para defender su posición ante su proceso de destitución.

Rumanía está inmersa en la mayor crisis política desde la caída del dictador Ceaucescu ante la inminente votación para destituir al presidente, Traian Baescu, por la mayoría opositora en el parlamento que sostiene el gobierno, entre acusaciones cruzadas de control de las instituciones y el poder judicial.

El Parlamento de Rumanía ha iniciado este jueves el proceso para revocar el mandato del presidente por violar la Constitución, y que será debatido y sometido a votación el viernes.

En concreto, se le acusa de violación de la separación de poderes del Estado, usurpación del papel de primer ministro y de sus atribuciones y desprecio del rol constitucional de mediador entre instituciones, entre otros cargos.

Los ha presentado la coalición gubernamental Unión Social Liberal (USL) -entre socialdemócratas y liberales- que sostiene al gobierno del primer minsitro, Víctor Ponta, enfrentado abiertamente con Basescu, de centro-derecha, que acaba su segundo y último mandato en 2014.

El proceso para destituirle por supuesta violación de la Ley Fundamental ha comenzado con la lectura ante el Parlamento de los argumentos contra el jefe del Estado, y continuará el viernes con el debate y la votación del texto de revocación por las dos Cámaras rumanas.

Previsiblemente, la USL hará valer su mayoría en el Parlamento, y la destitución de Basescu será decidida por los ciudadanos en un referéndum, que podría celebrarse el 15 o el 22 de julio.

El Tribunal Constitucional debe dar una declaración consultiva sobre la validez de los argumentos de la revocación.

En su intervención en el pleno de este jueves, el presidente Basescu ha acusado a la USL de querer "controlar" la Justicia y todas las instituciones del Estado.

Basescu ha asegurado que la coalición gubernamental quiere evitar también el paso a un Parlamento unicameral y la reducción del número de diputados, según el voto afirmativo en 2009 de los ciudadanos en referéndum a una propuesta de Basescu en este sentido.

Reforma constitucional

Basescu ha propuesto a los legisladores organizar, junto al referéndum para decidir su continuidad, una consulta paralela sobre la adopción de una Constitución con un Parlamento unicameral con el número de diputados reducido.

Esta reforma constitucional es uno de los caballos de batalla del discurso modernizador de Basescu, especialista en dar la vuelta a situaciones difíciles en las que parece acorralado.

La puesta en marcha del procedimiento de destitución supone el punto culminante de la guerra abierta entre el presidente y el primer ministro socialdemócrata Victor Ponta.

Ponta llego al poder hace dos meses tras una moción de censura contra el último Gobierno fiel al presidente Baescu.

Los eventos se producen en plena ofensiva de la USL por tomar el poder de las instituciones del Estado, tras cuatro años de férreo dominio del conservador Partido Democrático Liberal (PDL) aliado del presidente Basescu.

Embajadores extranjeros y la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, han mostrado su preocupación por lo que consideran ataques a las instituciones del Estado.

Disputa de poder

La disputa entre la presidencia y el Gobierno ha monopolizado el debate político en el país, que celebra en otoño elecciones legislativas con la USL del primer ministro Ponta como clara favorita.

En el poder desde 2004, el presidente Basescu se enfrenta a su segundo procedimiento de destitución.  En 2007, el voto popular en el referéndum lo ratificó en el cargo después de que el Parlamento votara para destituirle.

Basescu, un hombre carismático y directo que llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción y modernizar el país, afronta este procedimiento con una popularidad mucho más baja que en 2007.

El presidente ha pagado haber llevado a cabo las políticas de austeridad más duras del continente, así como su incapacidad para instituir un Gobierno estable y su enorme influencia sobre los Ejecutivos anteriores.