La rama de las presuntas ilegalidades del PGOU de Alicante en el Brugal, al TSJV dos años después

• El caso, que se inició hace seis años, tiene varias piezas separadas
• La del PGOU deriva de un registro en la Diputación de Alicante en 2010
• Además de la alcaldesa y su antecesor, hay otros 16 imputados

El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados, justo al cumplirse dos años desde que "estallase" el caso Brugal.

Aunque el Brugal se inició hace seis años por unas supuestas ilegalidades en el concurso de basuras de la ciudad de Orihuela, el 6 de julio de 2010 el caso "estalló" porque ese día la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) registró el palacio de la Diputación de Alicante dentro de un espectacular operativo en el que detuvo por unas horas al entonces presidente de la institución y del PP provincial, José Joaquín Ripoll.

Además del despacho y la vivienda de Ripoll, esa misma jornada también se efectuó un registro el ayuntamiento de Orihuela, y el domicilio, la empresa y el yate del constructor y promotor Enrique Ortiz, que figura imputado en varias de las ramas y de quien se cree que es el principal beneficiado en el asunto del PGOU.

Desde entonces, a Ripoll se le atribuyen cinco supuestos delitos en la pieza de las presuntas ilegalidades en el concurso de basuras de la comarca de la Vega Baja.

Pinchazos telefónicos

Sin embargo, a partir de ese 6 de julio también se conoció el trabajo policial previo que estaba basado, principalmente, en las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente a Enrique Ortiz. A raíz del contenido de esos pinchazos, el juzgado que llevaba la mayoría de las piezas del Brugal, el número 3 de Orihuela, derivó el material sobre el PGOU al de instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular es el magistrado-juez Manrique Tejada.

Tras algo menos de año y medio de instrucción, Tejada ha concluido que la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP y aforados por ser diputados autonómicos, han podido cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, y pide al TSJCV que les impute.

Durante la instrucción, Tejada ha realizado una minuciosa labor en la que ya ha imputado a otras 16 personas (sin contar a los aforados Castedo y Díaz Alperi), entre ellos al referido Ortiz, y también a la esposa de este, por su mediación.

Junto a empresarios y a varios directivos de Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja, también figuran en la lista de imputados el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo, de quien el fiscal cree que, junto a su socio Javier Gutiérrez (exconcejal socialista), presentó y resolvió alegaciones al planeamiento a través de dos sociedades supuestamente distintas.

Más ramas del caso en Orihuela y otras poblaciones

La del PGOU es una de las piezas separadas del Brugal más relevantes desde el punto de vista mediático, y se suma a las de las basuras de Orihuela y la Vega Baja, así como a las irregularidades en la recogida de residuos de otras poblaciones de la misma comarca y de otras más lejanas, como Calpe.

También a otras ramas distintas también dentro del Brugal, como la relativa al hallazgo de una pistola en la caja fuerte del despacho de Ortiz en el Grupo Cívica, o la presunta información privilegiada que daba una funcionaria de Hacienda a otro de los empresarios imputados.

Este caso de presunta corrupción debe su nombre al acrónimo BRUGAL: "Basuras RUrales Gestión ALicante", toda vez que las Fuerzas de Seguridad del Estado suelen bautizar todas las investigaciones abiertas con nombres relativos a algún detalle de la operación o que aluden, aunque sea de forma colateral, a algún aspecto concreto de las personas investigadas.