La Junta Militar egipcia se rebela contra Morsi y defiende su disolución del Parlamento
- La Junta Militar defiende su decisión de disolver el Parlamento
- El nuevo presidente reestableció este domingo la cámara por decreto
El Tribunal Constitucional egipcio ha afirmado este lunes que sus decisiones son "obligatorias para todas las autoridades del Estado y para todos", un día después de que el presidente Mohamed Mursi restableciera la Cámara baja del Parlamento, disuelta por la Junta Militar tras una sentencia de esta corte.
Según un comunicado del tribunal, difundido por la agencia de noticias estatal egipcia Mena, la corte defiende que sus "fallos y todas sus resoluciones son definitivas e inapelables por la fuerza de la ley".
"No forma parte de ninguna disputa que pueda generarse entre las fuerzas políticas ni está interesada en las posiciones y puntos de vistas de esas fuerzas", agrega el documento.
El Tribunal Constitucional responde así a la decisión adoptada el domingo por Mursi, quien ordenó anular la resolución de la Junta Militar, promulgada tras un fallo de esa corte, por la cual la Asamblea del Pueblo o Cámara baja quedaba disuelta desde el pasado 15 de junio.
La corte ha explicado que ha recibido varias denuncias relacionadas con la decisión del presidente de la República, quien inició su mandato el pasado 30 de junio. Asimismo, ha asegurado que "actúa en el marco de su misión sagrada, que es la protección de los textos de la Constitución y evitar que haya una agresión o violación contra ellos".
El Constitucional ha afirmado que va a continuar desempeñando las competencias que le permite la Carta Magna y seguirá con su labor de supervisión judicial sobre la constitucionalidad de las leyes.
La Junta Militar defiende la disolución del Parlamento
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) de Egipto, por su parte, ha defendido su orden de disolver el Parlamento el mes pasado, que fue "una resolución ejecutiva basada en una sentencia del Tribunal Constitucional".
En un comunicado leído en la televisión estatal, la cúpula militar, que ejercía el poder ejecutivo cuando decretó la disolución, asegura que actuó "según sus prerrogativas" y con base en el fallo del Constitucional "que rige la anulación de la Cámara baja desde su elección".
El pasado 14 de junio, el alto tribunal anuló la composición de la Asamblea del Pueblo (Cámara baja) ya que los partidos no habían respetado la ley electoral, que impide a las fuerzas políticas presentar a aspirantes en el tercio de candidaturas reservadas para independientes.