Rajoy aplica punto por punto las recetas de Bruselas tras la relajación del objetivo de déficit

• La Comisión ya dijo en mayo que debía subir el IVA y la fiscalidad verde
• Quería acelerar la reforma de pensiones y eliminar la deducción de vivienda
• Ignora las críticas de la UE al contrato de emprendedores

"Un paso importante".  De esta manera calificaba el portavoz económico de la Comisión Europea, Simon O'Connor, el nuevo ajuste detallado este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para a renglón seguido recordar: "Se produce un día después de que el Consejo de Ministros de Economía de la UE adoptara por unanimidad una recomendación revisada con respecto a España para la corrección de su déficit excesivo".

La vinculación de estas dos variables (la relajación del objetivo de déficit del 3% para 2014 y la presentación de un nuevo paquete de ajustes que 'enmendara' el presupuesto y los ajustes presentados hasta hoy en tres paquetes distintos) ilustra hasta qué punto el programa de recorte alumbrado por España es fruto de más de siete meses de tiras y aflojas entre Madrid y Bruselas.

De las medidas anunciadas por Rajoy, buena parte de las mismas tienen el sello de la Comisión Europea: el incremento del IVA en diversos tramos -el principal caballo de batalla-, la introducción de la legislación ambiental, la supresión de la deducción por vivienda, adelantar la reforma de las pensiones, liberalización de servicios ferroviarios y aeroporturarios, simplificar las cargas administrativas en pro de la unidad de mercado y eliminar buena parte de las bonificaciones a la contratación.

Más aún, buena parte del razonamiento del presidente del Gobierno en su discurso forma parte del hilo argumental de las recomendaciones realizadas por la Comisión, como las referencias al alto endeudamiento externo de nuestro país como potencial riesgo para la economía, el rápido crecimiento de la deuda pública desde el inicio de la crisis financiera o la ganacia de competitividad debido a la pérdida de empleo.

De hecho, el propio comisario de Economía, Olli Rehn, anticipaba a finales de mayo lo que iba a pasar este miércoles: España tenía que presentar un presupuesto "sólido" para los dos próximos años en julio para conseguir relajar el déficit para 2014.

La confirmación llegaba de boca de Rajoy en sus palabras para justificar este ajuste, valorado en 65.000 millones (6,5% del PIB) para los próximos dos años. "Hago lo único que se puede  hacer para salir de esta postración.  No pregunto si me gusta. Aplico  las medidas excepcionales que reclama un momento excepcional", ha  asegurado.

La primera recomendación

El documento publicado el pasado 30 de mayo dejaba en blanco el primer capítulo del 'examen' de Bruselas a la economía española: el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establecía que España debía volver a la senda del 3% de déficit en 2013, un objetivo casi imposible con el déficit revisado del 8,9%.

El tema había provocado un agrio enfrentamiento entre el gobierno español y la Comisión, que se resistía a relajar la meta de déficit pese a que las condiciones macroeconómicas hacían casi imposible reducir el déficit del 8,9% al 4,4% previsto inicialmente para finales de 2012.

A la salida del consejo europeo de primavera, Rajoy sorprendía a sus socios diciendo que el déficit sería finalmente del 5,8%, aunque semanas después en una reunión del Eurogrupo tuvo que aceptar que se rebajase al 5,3%.

Finalmente, y tras más de un mes de negociaciones, España ha logrado lo que perseguía: un año más para relajar el déficit, que en el caso de 2012 supondrá que habrá que ajustar 10.000 millones menos (del 5,3% al 6,3%).

Pero tal y como se encargaba de dejar claro el comisario Rehn tras el final del Ecofin del pasado martes, a cambio esperaba de España medidas de ajuste inmediatas. Y han llegado siguiendo casi paso por paso el guión que él y sus técnicos esbozaron.

El sistema fiscal, principal punto de choque

El principal punto de enfrentamiento era la recomendación número 4, que se refería al sistema fiscal, que pedía reducir las rentas al trabajo para centrarse en los impuestos indirectos y medioambientales.

"La reciente reforma en el sistema fiscal introducida por el gobierno va en la dirección opuesta de las recomendaciones para España en este área.  Como media, el sistema de impuestos español descansa desproporcionadamente en los impuestos directos, mientras los impuestos al consumo y medioambientales son relativamente bajos comparados con la Unión Europea", reza el texto europeo.

Se refiere al primer decreto de ajuste del pasado 30 de diciembre, que subió la renta del trabajo (IRPF) para cumplir la promesa electoral de no tocar el IVA e implantar la deducción por vivienda.

El documento razona de manera extensacontra estas medidas: "El IVA estándar es del 18%, en el punto más bajo del espectro comparado con otros países europeos. Debido a la extensa aplicación del tipo superreducido (4%) y del reducido (8%) y la cantidad de exenciones de IVA, los beneficios actualmente del IVA suponen solo el 42% del nivel teórico al que podía llegar. El bajo nivel también subraya la falta de efectividad de las medidas para reducir la evasión del IVA".

Precisamente este argumento, el de la alta evasión del IVA, era uno de los apuntados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para justificar la eventual subida del impuesto del valor añadido a la que se ha resistido hasta el final.

En el caso de la deducción por vivienda, su reimplantación la vincula directamente con la burbuja inmobiliaria."Reducir las ventajas fiscales, como el trato fiscal favorable a la vivienda residencial -por ejemplo la deducción de los pagos de intereses por vivienda- podría aumentar la base de recaudación y ayudar a mejorar la efectividad del sistema fiscal".

El texto también pide el aumento de la fiscalidad ambiental y de los impuestos indirectos de alcohol y tabacto, medidas que, al igual que la supresión de la deducción por vivienda, han sido anunciadas por Rajoy.

Recomendación por recomendación

Aunque el sistema fiscal ha sido el nudo gordiano de las recomendaciones de Bruselas, otros consejos también han sido seguidos al pie de la letra.

La segunda recomendación decía: "El deterioro de las perspectivas económicas de España está limitando el impacto de las reformas en el aumento proyectado en el gasto público relacionado con la población envejecida (...) Más aún, la estrategia de empleo para trabajadores mayores no se ha sido apoyada por medidas concretas.  Así, España ahora parece estar en riesgo a medio plazo para la sostenibilidad del sistema".

En el texto detallado, apuntaba más allá: "La edad media de salida del mercado laboral era de 6,3 años en 2009,  2,7 años más baja que la edad de jubilación de 65 años, aunque está por encima de la media europea. La tasa de empleo entre los trabajadores mayores (entre 55 y 64 años) ha aumentado del 39,2% en 2001 al 43,6% en 2010, pero aún está por debajo de la media europea del 46%".

La respuesta del ejecutivo ha sido convocar al Pacto de Toledo para pedir una reforma de las pensiones que afecte a la jubilación anticipada.

En el caso de la sexta recomendación, la Comisión señala: "La reforma laboral confía demasiado en incentivos financieros que se han provado insuficientes en el pasado".

El Gobierno ha decidido acabar con buena parte de las bonificiaciones a los contratos, pero se sale de la senda europea en un punto clave: mantiene la bonificación en el caso del contrato a emprendedores, que es precisamente objeto de las críticas más ácidas de Bruselas.

"Existe el riesgo de que las empresas usen el periodo de un año para transformar su contrato en un contrato temporal de facto de baja calidad con coste cero de finalización. Los contratos de aprendizaje comparten un riesgo similar, dado que una persona puede ser contratado con varios contratos de aprendizaje consecutivos a coste cero", señala el documento.

Mientras, en la séptima y última recomendación se considera que "no se han hecho progresos" en la aplicación de la nueva directa de servicios profesionales, que se necesita un "compromiso fuerte en llevar a cabo los esfuerzos de privatizaciones" y que es necesario que se logren avances "respecto a la carga administrativa asociada a la falta de coordinación en las administraciones".

Mariano Rajoy ha reafirmado su esfuerzo en reducir las cargas administrativas e impulsar la unidad de mercado,  así como liberalizaciones en el sector servicios y la posibilidad de privatizar servicios ferroviarios y aeroporturarios.

Las asignaturas pendientes

Otras recomendaciones, como la número dos, referida al sector bancario, ha sido cumplida con las condiciones del Memorándum de Entendimiento pendiente de ser firmado para la ayuda a la banca de hasta 100.000 millones de euros. Mientras, la recomendación sobre la flexibilización de la negociación colectiva sigue pendiente.

Pero la parte del documento de la Comisión en la que no se han producido menos avances e incluso algún que otro retroceso, pese a que Bruselas no se ha quejado demasiado al respecto son los llamados objetivos de convergencia para 2020.

Así, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza creció en un millón (de 10,6 millones a 11,6 millones), muy lejos de la meta de entre 1,4 y 1,5 millones para dentro de ocho años, la tasa de empleo del 74% está lejos y ha caído al 62,5% mientras que el gasto en I+D se ha reducido y tampoco ha mejorado de manera significativa la tasa de abandono escolar, que abona buena parte del alto desempleo juvenil.