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Interior retira su escolta a los cargos protegidos durante las vacaciones y viajes no oficiales

  • Los miembros del Gobierno y altos cargos de la Judicatura, lo mantienen
  • La supresión tiene lugar dentro del plan de "reordenación" de escoltas
  • El pasado octubre, ETA anunció el cese de la actividad armada 

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El Ministerio del Interior ha ordenado retirar la escolta a la mayoría de los cargos protegidos mientras disfruten de vacaciones o estén de viaje no oficial, salvo en casos excepcionales como los miembros del Gobierno y algunos altos cargos de la Judicatura, según han informado a Efe fuentes de este departamento.

La instrucción dada por Interior desde hace algunos días afecta a todos los cargos que gozan de protección, a excepción de aquellos que por su condición deban mantener la escolta en todo momento.

Esta medida se enmarca dentro del plan de "reordenación" de escoltas adoptado por Interior con el objetivo de optimizar los recursos policiales y de adaptarse a una nueva situación de menor amenaza terrorista. El pasado 20 de octubre ETA anunció el cese de la actividad armada.

El pasado 25 de junio Interior inició la retirada de casi todos los escoltas de los jueces del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que es la aplicación de la tercera fase de este plan de “reordenación”. Según Interior, el número de personas escoltadas disminuyó un 45% en esta fase.

En marzo pasado, País Vasco y Navarra experimentaron la primera fase de este plan de “reordenación” con la supresión de 424 agentes de seguridad privada y la segunda, desarrollada en mayo, con la supresión de 422 efectivos de protección estática.

Políticos y alta judicatura, con escolta

No obstante, aún se encuentran protegidos los miembros del Gobierno,  presidentes de CC.AA. ,  delegados del Gobierno y algunos embajadores extranjeros acreditados en España.

Asimismo, permanecen con protección los presidentes del CGPJ, del TS, del TC y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta.

La plantilla de seguridad se ha reducido a la mitad desde que entraron en vigor los ajustes. Dentro de esta partida, la cifra de cuerpos de seguridad se ha visto mermada casi a la mitad y los contratados de manera privada, pero sufragados por la Administración, un 54%.