La ex directora general de la CAM niega ante el juez haber puesto en juego la solvencia de la caja

• Niega haber diseñado productos financieros de riesgo para inversores
• Destaca que solo estuvo ocho meses al frente de la CAM

La ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ha declarado ante el juez que no tomó ninguna medida que comprometiera la solvencia o liquidez de la entidad, ni diseñó ningún producto financiero que pudiera generar riesgo para los inversores, como las cuotas participativas y las preferentes que provocaron pérdidas millonarias a los afectados. Además ha añadido que el sueldo de 600.000 euros que percibía anualmente le fue impuesto.

Tras declarar en la Audiencia Nacional como imputada por delitos societarios, de estafa y de maquinación para alterar el precio de las cosas, el abogado de Amorós, Carlos Saiz, ha explicado a Efe que su representada solo fue directora general durante ocho meses y en los últimos cuatro estuvo "en todo momento supervisada por la inspección del Banco de España, que estaba 'in situ' en la caja".

Además, ha explicado que en los cuatro primeros meses en el cargo tuvo delegada sus facultades al SIP, la alianza con la que la CAM se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas.

En cuanto a su sueldo, que rondaba los 600.000 euros anuales, y la pensión vitalicia de 360.000 euros anuales, Amorós ha explicado al juez Javier Gómez Bermúdez que no realizó ninguna modificación en su sistema retributivo y no cobró ninguna indemnización.

Suedo impuesto

"No tomé medida alguna que afectase a la solvencia o liquidez de la  CAM, no diseñé producto bancario que generase riesgo alguno y no  modifiqué el sistema de retribuciones", ha asegurado Amorós, según  señalaron fuentes jurídicas citadas por Servimedia.

“No tomé medida alguna que afectase a la solvencia o liquidez de la  CAM“

La ex directora general de la CAM, imputada por delitos societarios, de estafa y de maquinación para alterar el precio de las cosas, ha afirmado asimismo que el sueldo de 593.000 euros que percibía anualmente le fue impuesto, como también sucedió con la pensión vitalicia de la que iba a disfrutar por 360.000 euros al año.

Sobre las cuotas participativas y las preferentes que provocaron pérdidas millonarias a los afectados, la imputada ha dicho que estos productos se diseñaron antes de ser nombrada en el año 2010 directora general de la caja alicantina. Aún así, y a pesar de haber sido directora general adjunta desde el año 2001, ha afirmado no saber quién ideó estos producto y quién ordenó su puesta en circulación.

Amorós ha señalado asimismo ser ajena al crédito de 1.200 millones que se concedió a la urbanización murciana Polaris World y en el que participó la caja alicantina. La ex directora general explicó finalmente que decidió demandar a la entidad por despido improcedente para defender sus derechos laborales.

Las fuentes consultadas por Servimedia indicaron que Amorós ha señalado en un par de ocasiones al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb como el responsable de alguna de las irregularidades.