La nueva Ley de Costas excluye diez núcleos construidos en dominio público

• El Gobierno podrá parar las obras que incumplan la ley como Algarrobico
• Se amplía de 30 a 75 años la concesión de las viviendas en dominio público
• Los ecologistas aseguran que abre la puerta a la especulación
• El PSOE acusa al Gobierno de querer privatizar el litoral
• Consulta las principales medidas aprobadas por el Consejo de Ministros

La Ley de Costas modifica la situación de miles de personas en España

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.

La nueva normativa excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Girona, Huelva y Málaga, ampía de 30 a 75 años la concesión de las construcciones que se encuentren en las playas y da potestad al Gobierno para parar obras ilegales como las del hotel de Algarrobico.

Así lo recoge el anteproyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros con el objetivo de dar "seguridad jurídica y proteger el medio ambiente" en el litoral, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que la nueva ley incluirá una "clásula antialgarrobicos" que garantizará la "tolerancia cero" con las agresiones en las costas.

En este sentido, el Gobierno tendrá potestad para intervenir y parar  las obras en pleno dominio público contrarias a la legislación  medioambiental. El Ejecutivo podrá actuar en contra de los acuerdos  municipales.

"La Abogacía del Estado podrá recurrir esas concesiones y obtener su  suspensión para evitar determinados hechos consumados", ha explicado la  número dos del Gobierno.

La Ley de Costas amnistía diez núcleos conflictivos

Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en  el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios  edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las  décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley  de Costas en vigor.

También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d Aro (ambas en Girona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.

En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava,  (Girona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el  Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que  el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.

La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición  adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre  otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere  la configuración del dominio público marítimo terrestre

Se amplía la concesión a 75 años

Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.

La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.

Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.

La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.

En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.

En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Los ecologistas critican la nueva Ley de Costas

Las organizaciones ecologistas se oponen a la nueva Ley de Costas ya que, en su opinión, supone un aumento de la inseguridad jurídica, abriendo la puerta a la especulación y la privatización del litoral.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, ha declarado a Servimedia que la nueva norma "se ha hecho a medida de las demandas de aquellos que tienen irregularidades en el litoral desde 1988".

La responsable de Greenpeace ha destacado también que la nueva normativa fomenta la especulación urbanística y solventa "de un plumazo" los problemas que tenían con la aplicación de la ley anterior aquellos municipios para los que "todo ha valido" en cuestión de "burbuja inmobiliaria".

Aunque ha indicado que pesa más lo malo que lo bueno en esta reforma, Marcos ha valorado que el Estado pueda suspender inmediatamente una licencia de obras municipal si contraviene la Ley de Costas.

Por su parte, el responsable del Programa Marino de WWF, José Luis García Varas, ha declarado que la nueva ley deja de proteger a la costa para salvaguardar los intereses económicos en ella.

Además de suponer un aumento de la especulación, García Varas ha subrayado que la reforma prima el interés económico sobre la conservación de los ecosistemas litorales y ha lamentado igualmente que la nueva norma no tenga en cuenta los efectos del cambio climático.

Finalmente, Ecologistas en Acción considera que las líneas de modificación de la Ley de Costas suponen la "antesala" de la privatización del litoral y que la ampliación de la concesión a 75 años y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados.

"Supone una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del dominio público marítimo-terrestre a la especulación urbanística y a los intereses privados", señala la organización en un comunicado.

Según asegura, "la burbuja inmobiliaria no solo ha degradado y especulado sobre toda la franja costera, sino que ahora el ministro Arias Cañete y su gabinete pretenden hacerlo también con los bienes públicos existentes en el litoral".

El PSOE asegura que el Gobierno quiere privatizar la costa

El secretario de Ordenación del Territorio  y Sostenibilidad del  PSOE, Hugo Morán, ha denunciado este viernes que con la reforma de la  Ley de Costas el Gobierno quiere "privatizar las costas españolas y  con ello burlarse del espíritu que la Constitución contiene de  limitar la especulación urbanística del dominio público  marítimo-terrestre".

Así, Morán ha insistido en que la Constitución preserva estas  limitaciones a la especulación que se había evidenciado de los años  60 y 70, y que con los cambios previstos, se encamina a la sociedad a  "velocidad de vértigo" hacia una privatización  de un bien público de  "enorme valor estratégico para el país". "Esa autoimposición del  Estado se vio reflejada en la Ley de Costas que ahora pretende  reformar el Gobierno", ha añadido.

Para el responsable socialista, la reforma de la Ley que ahora  plantea el Gobierno  es "un auténtico monumento a la desprotección de  los intereses públicos al servicio del enriquecimiento privado".

Además, Morán considera que esta reforma trata de cambiar el objetivo  de origen de la Ley de Costas de "dotar de una herramienta de  transparencia para identificar con claridad el bien que había de  proteger, como es el deslinde del dominio público  marítimo-terrestre".