Jueces y fiscales amenazan con una huelga y exigen la retirada de la reforma del Poder Judicial

• Las asociaciones profesionales firman un comunicado contra los recortes
• Acusan al Gobierno de querer "desmantelar" el Poder Judicial con la reforma

Jueces y fiscales se han levantado en pie de guerra contra la reforma del Poder Judicial impulsada por el ministro, Alberto Ruiz Gallardón. Las asociaciones profesionales de estos dos colectivos han exigido al Ministerio que paralice la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. No descartan convocar una huelga ante lo que consideran un "ataque" a los funcionarios con los recortes salariales para este colectivo adoptados por el Gobierno.

Así lo han expresado la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en un comunicado conjunto tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

Un encuentro en el que, según ha informado a Efe el portavoz de la APM, Pablo Llarena, se convocó el viernes pasado para trasladar al Ministerio su "inquietud profesional" por no haber percibido aún la liquidación correspondiente al ejercicio 2011 contemplada en la ley de retribuciones variables y que sí han recibido el resto de trabajadores públicos.

A ello se ha unido el paquete de medidas urgentes aprobadas por el Gobierno el pasado viernes y que contempla un recorte en los sueldos de los empleados públicos, que ha incrementado el malestar entre jueces y fiscales y que también han mencionado en la reunión.

Para estos profesionales, el Ejecutivo está "aprovechando la situación de crisis económica e institucional que atraviesa el país" para impulsar medidas legislativas y económicas "cuyo verdadero objeto es el desmantelamiento" del Poder Judicial, atacando así a su independencia e imparcialidad.

"Desmantelamiento" del Poder Judicial

Se refieren así a la propuesta de reforma del Poder Judicial, elaborada por una comisión de expertos, avanzada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 6 de julio, y a los ajustes en el sueldo y condiciones de los empleados públicos aprobados por el Gobierno.

"Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y las que anuncia se van a adoptar suponen un ataque a los principios básicos de la función pública, recortando algunos de sus derechos consustanciales, poniendo en duda la profesionalidad de quienes la integran y que con su actuación dotan de un valor añadido a la economía española en su conjunto", reza el texto.

Por ello, las asociaciones firmantes llaman a jueces y fiscales a actuar "con prudencia en el desempeño de sus funciones, no asumiendo aquellas que excedan de la jornada ordinaria de trabajo" y aseguran que han iniciado la coordinación con otros cuerpos de la Administración Pública para adoptar medidas de protesta conjuntas.

En este sentido, han acordado además la creación de una comisión conjunta y permanente de los representantes de las asociaciones que canalizará "todas las medidas de protesta que deban adoptarse, paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la huelga".

Además, exigen al departamento de Justicia que "de forma inmediata" paralice cualquier reforma de la LOPJ, del Estatuto Fiscal o cualquier otra relativa a su estatuto profesional y que, en lo sucesivo, cualquier proyecto que se desarrolle cuente con la participación de las asociaciones.

Respecto a esta reforma, que prevé que el presidente del Tribunal Supremo sea el único miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con dedicación exclusiva y que doce de los veinte vocales sean elegidos por y entre los propios jueces y los otros ocho por el Parlamento, la APM entiende que adolece de "indicios de inconstitucionalidad".

Por ello, según ha explicado Llarena, la asociación está preparando un informe que hace un análisis técnico y jurídico sobre dichos indicios porque se trata de un "proyecto presentado de forma un poco precipitada" que "desmonta las funciones constitucionales que tiene encomendadas el CGPJ".