Nueve meses de cárcel para dos mineros por hacer una barricada en la huelga general 29-S

• Deberán pagar una multa de 200 euros y una indemnización de 359 euros
• El juez dice que fue con ánimo de alterar la pacífica convivencia
• Los acusados lo niegan y dicen que se les detuvo cuando iban en coche

El juez de lo Penal número 4 de Oviedo ha condenado a dos mineros a nueve meses de prisión y al pago de una multa de 200 euros a cada uno por participar en un piquete que colocó una barricada con neumáticos ardiendo en El Caleyo, informa la Fiscalía, que solicitó dicha pena para los acusados.

Los hechos ocurrieron en la carretera nacional 630 a la altura de El Caleyo, junto a la salida a la autovía A-66, un día después de la huelga general de septiembre de 2010.

El Juzgado les obliga además a indemnizar al Ministerio de Fomento con 359 euros por los daños causados en la carretera.

La sentencia destaca que "en nuestro sistema democrático hay cauces sobrados para canalizar las protestas sin recurrir a la perturbación violenta" y que "no tiene la menor relevancia cuál fuera la reivindicación que pudo alentar esta conducta, por legítima que sea".

Delito de desórdenes públicos y una falta de daños

El juez les condena por un delito de desórdenes públicos y una falta de daños, aunque contra esta sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

La resolución declara probado que sobre las 18:00 de la tarde del 30 de septiembre de 2010 varias personas, entre las que se encontraban los acusados, miembros de piquetes del sector minero, con el ánimo de alterar la pacífica convivencia ciudadana, colocaron una barricada con neumáticos a los que habían prendido fuego en el punto kilométrico 35 de la citada carretera.

Añade que la barricada obstaculizó la libre circulación de vehículos y ocasionó desperfectos en la vía valorados en 359 euros.

Los acusados niegan los hechos

Los acusados defendieron en el juicio que no habían tomado parte en la formación de la barricada y que ni siquiera sabían que en el marco de las movilizaciones del sector minero desarrollada entonces se estuvieran cortando carreteras y sostuvieron que la Guardia Civil les detuvo cuando se dirigían en coche al área recreativa de Soto de Rivera, pero según la sentencia esta versión no merece "ninguna credibilidad".

El Juzgado sostiene que el testimonio de los guardias civiles es bastante para declarar acreditadas las acusaciones.

La sentencia destaca que la barricada formada en la carretera generaba "un evidente riesgo" para la circulación de los vehículos que procedentes de la N-630 pretendían tomar la salida a la A-66.