El Tribunal Constitucional admite el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal del Gobierno

• PSOE presentó el recurso por considerar que favorece a los defraudadores
• Cortes Generales y el Gobierno dispondrán de 15 días para alegar
• La aministía fiscal permite declarar dinero oculto con una tributación del 10%
• Con esta medida el Gobierno pretendía recaudar 2500 millones de euros

El Tribunal Constitucional ha admitido este jueves a trámite el recurso  presentado por más de 50 diputados del PSOE contra la amnistía fiscal. Esta medida fue aprobada en marzo por el Gobierno para promover que afloraran rentas ocultas y así recaudar cerca de 2500 millones.

En concreto, el recurso se refiere a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos.

La medida se dirige a los contribuyentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En una providencia dada a conocer este jueves, el alto tribunal ha  dado traslado de la demanda y los documentos presentados a las Cortes  Generales, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través  del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince  días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que  estimaren convenientes.

Recurso del PSOE

EL PSOE presentó el pasado junio su recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal, al que obtuvo acceso Europa Press, por favorecer a los defraudadores, al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.

En su recurso, el PSOE argumentaba que esa regularización fiscal  vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusta" en  sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de  igualdad, proporcionalidad y progresividad".

Además, el  escrito, basado en un informe previo elaborado por el ex ministro de  Justicia socialista Francisco Caamaño, consideraba que la medida violaba  los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica, al  colocar a un colectivo de "contribuyentes-defraudadores" en una  situación de "absoluto privilegio fiscal.

En concreto, el  que la amnistía fiscal vulnera el  artículo 86 de la CE, que establece que los decretos leyes urgentes  no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los  ciudadanos, y el artículo 31.1 de la CE que estipula que todos los  ciudadanos contribuirán con su capacidad económica al sistema  tributario.

Antes de este cambio, una persona que quisiera regularizar una renta de un millón de euros obtenida en 2008 y ocultada a la Administración Tributaria, debería pagar 565.315 euros (430.000 euros en concepto de cuota, 86.000 por recargo y 49.315 en concepto de intereses de demora devengados), mientras que con la nueva normativa sólo serán 100.000 euros, según el PSOE.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional admitió a trámite a principios de julio el recurso presentado por el PSOE.

Fuentes de la dirección federal informaron entonces a Efe de que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional había acordado además requerir a los ministerios de Economía y Hacienda todo el expediente sobre el decreto de la amnistía fiscal en un plazo de 20 días.