Las clínicas advierten de abortos clandestinos y los discapacitados aplauden la reforma

• Gallardón anunció que se eliminará la malformación como supuesto para abortar
• Asociaciones feministas consideran un retroceso a años atrás
• Los discapacitados y con síndrome de down celebran la medida

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que la malformación del feto ya no será un supuesto para poder abortar de manera legal no ha sido recibido de igual manera por asociaciones de derecho a la vida o discapacitados y las proabortistas, feministas y de sanitarios.

Para la Asociación de Clínicas de Interrupción  Voluntaria del Embarazo (ACAI), la restricción al aborto es una "mala noticia" para  las mujeres y la sociedad, y ha advertido de que, tal y como han  puesto de manifiesto varias organizaciones internacionales, aumenta  "espectacularmente" el aumento de la morbilidad y mortabilidad, al  hacerse en condiciones clandestinas y poco seguras.

Según su presidente, Santiago Barambio, este hecho supondrá que "las mujeres tendrán que volver a  salir de España", pues la restricción al aborto "no disminuye" sino  que fomenta "un éxodo abortivo", "que solo soporta la gente con poder  económico".

La OMS ha calculado que entre 60.000 y 100.000 mujeres fallecen  anualmente en todo el mundo por abortos clandestinos, y que unas 8  millones ingresan en hospitales a consecuencia de complicaciones tras  la intervención, ha explicado.

También la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública  (Fadsp) comparte la misma opinión que la Asociación de Clínicas y asegura que impedir que una mujer aborte legalmente por que el  feto presente graves malformaciones, como pretende el Gobierno en la  nueva legislación, es obligar a muchas españolas a salir fuera del país para interrumpir su embarazo o, incluso, a hacerlo de forma clandestina en España.

"Este cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para  muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus  embarazos no deseados por graves lesiones fetales o hacerlo de manera  clandestina en el país sin las debidas condiciones sanitarias", ha  afirmado la Fadsp.

La federación entiende que tras esta decisión está "la ideología  conservadora de un Gobierno que pretende satisfacer las demandas de los  grupos religiosos más ultras y radicales".

Se retroce en derechos de las mujeres

Asimismo, la plataforma proabortista "Nosotras decidimos"  de Cataluña se ha mostrado contraria al cambio anunciado por Gallardón. A su juicio, supondría "retroceder a los años 70" en los derechos de las mujeres.

La plataforma indica que "como recoge el apartado sobre derechos sexuales y reproductivos de las Naciones Unidas, impedir a una mujer abortar si así lo desea, es una privación de su libertad y una negación del derecho a controlar su propio cuerpo".

Para la plataforma, "el PP quiere recortar derechos sexuales y  reproductivos que han costado mucho tiempo conseguir y que ya están  consolidados y aceptados por una amplia mayoría de las mujeres y los  hombres de este país, retrocediendo así a los años 70".

También la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha  considerado que el anuncio hecho por el ministro de Justicia sobre el  aborto, "es una gran tragedia en relación al derecho a la mujer a  decidir".

Soleto ha calificado las palabras de Gallardón de "demagógicas", y ha advertido de que con dicho anuncio se "enciende de nuevo el debate social" sobre el aborto, algo que ha calificado de "peligroso".

Asimismo Jueces para la Democracia ha criticado el anuncio pues, a su  juicio, supone  un "ataque" contra los derechos de las mujeres y un  alejamiento con  respecto a los sistemas penales europeos.

"El ministro Gallardón propone castigar penalmente a las mujeres y  a  los facultativos que practiquen interrupciones voluntarias del   embarazo en los casos de malformación del feto. Resulta sorprendente   ese empeño casi obsesivo por criminalizar conductas que fueron   despenalizadas hace varios lustros, sin que ello haya generado   problemas, ante la amplia aceptación social de dicha  despenalización",  subraya.

Los discapacitados aplauden la medida

Asimsimo muchas han sido las asociaciones que han aplaudido la reforma de la ley del aborto. Desde Derecho a vivir (DAV) consideran un  "progreso histórico" en la protección de la dignidad humana que la malformación del feto vaya a dejar ser un supuesto para abortar.

En este sentido, aseguran que el fin del aborto "eugenésico" conllevará "salvar así vidas humanas concretas, vidas de niños y niñas que, de otro modo, serán eliminados por tener una discapacidad", según interpreta la portavoz de DAV, la doctora Gádor Joya.

De la misma opinión se ha mostrado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que ha aplaudido la postura de Gallardón.

"El Cermi viene señalando desde hace años que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es contrario a los derechos humanos, ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto, y por este motivo se le puede aplicar un trato desigual, que encierra una clara discriminación, prohibida por las normas internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad", indicó la entidad en una nota.

También la Federación Española de Síndrome de Down (Down España) se ha felicitado por el anuncio de Gallardón, porque a juicio de esta organización, supondrá "un gran avance" para España porque adaptará así su normativa a lo requerido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, declaró Agustín Matía, gerente de la federación.

Con esta medida, prosiguió el representante de la entidad, lo que hace el Ejecutivo es suprimir de la legislación nacional un artículo que colisionaba con la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, ratificada por España y que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad.

La oposición rechaza la reforma

Los partidos de la oposición han mostrado su rechazo a la reforma de la ley del aborto porque consideran que no responde a una demanda social y lo han calificado como algo que solo obedece al "integrismo religioso".

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM),  Tomás Gómez, ha considerado este lunes que con la nueva Ley del  Aborto el PP quiere llevar a España a una época anterior a la  Constitución de 1978 y ha apostado por que la gente decida libremente  sobre su embarazo.

"Se recorta el derecho de decidir de las mujeres", ha criticado y  ha considerado que "quieren imponer su ideología de integrismo  económico e integrismo religioso a toda la sociedad".

Por otro lado, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha considerado que la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo "obedece a una ideología del PP" pero "en absoluto es una demanda mayoritaria de la sociedad" española. Urkullu cree que este cambio va a suponer "regresar a tiempos pretéritos del año 85" (en 1985 se despenalizó el aborto en España) y así "volver a 27 años atrás".

Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, el  ministro de Justicia representa al  "nacionalcatolicismo español", una de las señas de identidad de la  dictadura franquista, con la reforma legislativa que está planteando  en materia de aborto. "El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lo tienen  las mujeres y con esa medida Gallardón le da una vuelta de tuerca más  para cargárselo", ha avisado el líder de la izquierda.

El PP apoya la reforma "por convicción"

Por ortro lado, el PP ha explicado que las "convicciones éticas y políticas" del partido le llevan a defender "a ultranza" los derechos de los más débiles y ha afirmado que la Constitución, las sentencias del Constitucional y las declaraciones de derechos humanos avalan la reforma de la ley del aborto.

"Nosotros apostamos por una ley de casos y no por una ley de plazos; nosotros apostamos por la defensa de los derechos de los más débiles y, tanto en un caso como en otro, la Constitución, las sentencias del TC y las declaraciones de derechos humanos están detrás del PP", ha subrayado el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano.

A este aval legal, según ha apuntado, se unen las convicciones éticas y políticas del PP, que le llevan a "la defensa a ultranza de los derechos de los más débiles siempre".