La Audiencia Nacional rechaza interrogar a Rato antes de decidir si interviene Bankia

• El juez aplaza la vista hasta el miércoles
• UpyD asegura que la intervención es lo mejor para evitar pérdida de pruebas
• Las querellas fueron formuladas por UPyD y el colectivo 15M
• Se dirigen contra Bankia, el BFA y 33 de sus exconsejeros

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado tomar declaración al expresidente de Bankia Rodrigo Rato antes de decidir si interviene judicialmente a la entidad financiera y sustituye a los actuales gestores por un administrador, tal y como solicitaba UPyD.

Según han señalado fuentes jurídicas, el juez ha aplazado la vista sobre la intervención de la entidad financiera al próximo miércoles, cuando ha acordado practicar el interrogatorio judicial de los representantes legales de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA).

Asimismo, el juez ha acordado admitir a prueba el incidente de medidas cautelares solicitado por UPyD aunque ha rechazado otra serie de testificales solicitadas como la declaración del representante legal del FROB, del auditor de Deloitte que hizo el informe de Bankia y de BFA, así como la toma de declaración de un representante de Caja Canarias.

En concreto, el juez ha admitido como testificales el Memorandun sobre la ayuda al sistema financiero español aprobado por el Eurogrupo, distintas sentencias, un discurso del gobernador del Banco de España así como distintos recortes de prensa, entre ellos de los correos electrónicos que envió Rato a los accionistas antes de salir de la entidad.

En la vista, que se ha desarrollado a puerta cerrada   desde las 10.30 de esta mañana y que ha durado cerca de una hora,  han estado representados la propia entidad, como  persona jurídica, y su  matriz el Banco Financiero de Ahorros (BFA),  la Fiscalía Anticorrupción, que ya se ha posicionado en contra de la  intervención, los dos querellantes y los representantes legales de  aquellos imputados.

Asimismo,  en la comparecencia ha intervenido el representante del FROB,  propietario único de BFA y accionista de Bankia, que pidió personarse a  tenor de su "onerosísima" contribución al saneamiento de ambas  entidades.

Tras la celebración de la vista, el abogado de la acusación popular Andrés Herzog se ha mostrado satisfecho aunque ha lamentado que el juez no haya sido "más valiente" y haya llamado a declarar a Rato antes de que comparezca en el Congreso de los Diputados el próximo jueves en una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Competividad, donde se hablará de la restructuración bancaria y el sistema financiero

Por su parte, el abogado de 15M, Juan Moreno Yagüe, ha compartido la decisión del juez de no tomar declaración a Rato ya que ni él ni ninguno de los imputados en el caso es ahora administrador de la empresa.

UPyD considera que la intervención evitaría destrucción de pruebas

El letrado de UPyD, Andrés Herzog, declaró antes de entrar a la Audiencia Nacional que la intervención judicial de Bankia es la mejor medida para proteger los intereses de los accionistas de la entidad y para evitar que puedan destruirse pruebas de cara al procedimiento judicial.

El abogado insistió en que actualmente hay "serias" dudas sobre la independencia del nuevo Consejo de Administración de la entidad financiera. En virtud de estos argumentos, UPyD ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que sustituya a los actuales gestores por un administrador.

Esta petición se produce después de que el pasado 7 de mayo Rodrigo Rato presentase su dimisión al frente de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), por considerar que era "lo más conveniente para esta entidad", y propusiese como su sustituto a José Ignacio Goirigolzarr.

Querellas contra 33 exconsejeros

Las dos querellas admitidas a trámite se dirigen contra Bankia,  el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del  Gobierno Rodrigo Rato,  el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia  José Luis Olivas, el exministro del Interior Angel Acebes o el  presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo  Fernández.

También se imputan delitos de falsificación de cuentas,  administración desleal, maquinación para alterar el precio de las  cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad  Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras  de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la  Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de  Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes  de la Merced.

Están, además, imputados representantes del PSOE, como el  exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José  María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral  Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.

El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto  Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco  Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis  Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González,  Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes  Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Angel Villanueva.