Andalucía restituye la paga de julio a los funcionarios tras suprimir el Estado la de Navidad

• La Junta limita el salario de los directivos públicos y los vehículos oficiales
• La Junta quiere evitar la doble merma que suponía eliminar las dos pagas

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado restituir la paga extraordinaria de julio a los empleados públicos tras la decisión del Ejecutivo nacional de suprimir la de Navidad.

Así, el Gobierno andaluz ha aprobado la modificación del Decreto-Ley de Medidas para el Reequilibrio Económico-Financiero de la Junta de Andalucía para adaptarlo a la nueva regulación básica acordada el 13 de julio por el Gobierno central y evitar el solapamiento entre ambas normas y la doble merma que supondría su aplicación en las retribuciones de los empleados públicos andaluces, según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

La modificación deja sin efecto para este año los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 24 del Decreto-Ley y se mantiene íntegra la paga extraordinaria de julio para los empleados públicos, que sí se verán afectados, no obstante, por la supresión de la de diciembre.

Respecto a las vacaciones y permisos del personal, se aplicará lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público conforme a la modificación introducida por el Real Decreto-Ley. Así, los días de vacaciones quedan fijados en 22 jornadas hábiles, mientras que los permisos y licencias pasan a regularse por un listado tasado que, en el caso de los relativos a asuntos particulares, quedan reducidos a tres.

Límite al salario de directivos y redución de vehículos oficiales

El Consejo de Gobierno de Andalucía también ha aprobado medidas de ahorro de gastos y aumento de ingresos para cumplir el Plan de Reequilibrio Financiero entre las que limita el salario del personal directivo de las entidades del sector público y reducirá la flota de vehículos asignados a los altos cargos.

En concreto, los vehículos oficiales pasarán de 200 coches de altos cargos a 30 o 40, según Martínez Aguayo, que ha indicado en rueda de prensa que el ahorro será indirecto, de unos tres millones, ya que no se van a vender sino que se van a racionalizar.

También se van a limitar los sueldos en todos los entes públicos, incluida la RTVA, de forma que las retribuciones íntegras de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel o alta dirección (contando todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad) no podrán superar, en cómputo anual, equivalencias de la Administración autonómica como los viceconsejeros y directivos de entidades con más de 100 millones de euros de presupuesto o plantillas superiores a los 500 trabajadores.

Es el caso también de direcciones generales y asimiladas con más de 50 millones de euros o 50 trabajadores; subdirecciones o coordinaciones generales en relación a las de más de cinco millones de presupuesto o plantillas superiores a los 10 empleados, y jefaturas de servicio para las de dimensiones inferiores.

El resto del personal directivo no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución íntegra anual superior a las que corresponden a las personas con funciones de máximo nivel en su entidad.

Las dos medidas adoptadas en este ámbito supondrán un ahorro anual de 2,7 millones de euros, ha cifrado Aguayo.

Tres millones de ahorro en coches oficiales

Respecto a los coches oficiales, se limitará a las personas titulares de la Presidencia, las consejerías, las viceconsejerías, las delegaciones del Gobierno de la Junta y asimilados.

El número de estos vehículos se reducirá a entre 30 y 40, frente los alrededor de 200 actuales, con un ahorro anual previsto de tres millones de euros.

No obstante, los centros directivos tanto centrales como periféricos seguirán disponiendo de la flota para atender incidencias y asegurar la cobertura de las necesidades del personal de la Junta.

Otra medida de ahorro es la que se aplicará a través de la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios de la Administración autonómica ya que el objetivo es rebajar en un 25 % la cuantía total destinada a estas operaciones.