La Fiscalía recurre la puesta en libertad de los dos "grapos" que cobraron el rescate de Cordón

• Cree que puede haber un "alto riesgo" de fuga de los dos "grapos"
• Ambos deben comparecer diariamente en los juzgados 

El fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso ha recurrido este miércoles la puesta en libertad bajo fianza de los presuntos miembros de los GRAPO Vicente Sarasa y Manuela Ontanilla, quienes supuestamente participaron en el cobro del rescate del empresario Publio Cordón, al existir un "alto riesgo" de fuga.

Tanto Ontanilla como Sarasa, detenidos el pasado jueves por la Guardia Civil en Sevilla y Cádiz, se encuentran ya en libertad tras abonar la fianza de 10.000 euros que le impuso el pasado sábado el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Ambos deben comparecer diariamente en los Juzgados más cercanos a su domicilio y tienen prohibido abandonar el territorio nacional.

En su escrito, la Fiscalía señala que el testigo protegido "Alfa" sitúa a Ontanilla y Sarasa en las tareas relacionadas con el secuestro y en concreto con el cobro del rescate de 400 millones de pesetas pagado por la familia de Cordón, supuestamente después de la muerte del empresario.

El fiscal da verosimilitud a los datos y hechos aportados por el testigo protegido, como demuestra la localización de la vivienda de Lyon en la que Cordón estuvo retenido durante al menos quince días, en junio de 1995, hasta que falleció al tratar de huir saltando por la ventana.

El juez Gómez Bermúdez sí dictó prisión incondicional para la pareja de Ontanilla, José Antonio Ramón Teijelo, y también para la cuarta "grapo" detenida por el secuestro del empresario zaragozano, María Victoria Gómez Méndez, a los que relaciona con el alquiler de la vivienda donde fue retenido el empresario en junio de 1995, su custodia y posterior enterramiento.

La decisión de Gómez Bermúdez, adoptada en contra del criterio de la Fiscalía, que había pedido prisión para todos ellos, causó "perplejidad" en la Guardia Civil y malestar entre los familiares de Cordón que acusaron al magistrado de "tirar por tierra" diecisiete años de investigación de la Guardia Civil.