La Audiencia Nacional rechaza intervenir judicialmente Bankia, como pedían UPyD y el 15-M

• El juez justifica su decisión porque la actual dirección es distinta
• Anticorrupción se oponía a la medida porque ponía en riesgo la economía nacional
• UPyD ha anunciado que recurrirá

La Audiencia Nacional ha rechazado intervenir judicialmente Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y sustituir al actual equipo gestor por un administrador, tal y como pedían UPyD y el colectivo del 15-M para evitar una posible destrucción de pruebas y la continuación del perjuicio a los afectados por la mala gestión de la entidad.

Según el auto del juez encargado de la causa, Fernando Andreu, la intervención no se justifica por el objetivo de evitar la  continuación delictiva, ya que la actual administración de Bankia  "es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la  entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación". Además, señala que Bankia y su matriz BFA ya son, de facto, entidades controladas por el  Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La Fiscalía Anticorrupción se opuso el pasado miércoles a la  petición y advirtió que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a  la economía nacional. El Ministerio Público defendió, además, que  ninguno de los dos querellantes gozaba de legitimidad para pedir una  medida de este tipo.

La medida había sido solicitada por UPyD, que ya ha anunciado un recurso ante este auto, y el colectivo 15-M. Ambos defendían que  la sustitución de los actuales gestores del banco evitaría nuevos  riesgos para los accionistas, acreedores y trabajadores, y la  continuación del perjuicio para los afectados. Ponían también de  manifiesto que la intervención eliminaría el peligro de destrucción  de pruebas.

La sustitución de los administradores actuales de Bankia y su  matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA) se debería acordar solo si  es adecuada para superar una situación de peligro y es "estrictamente  necesaria" para impedir la continuidad de la actuación delictiva,  circunstancias que no concurren en el presente caso, según el juez.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4  explica en su auto que el único fin legítimo que pudiera justificar  la medida solicitada sería el de evitar la continuidad delictiva, en  protección de los trabajadores y de los acreedores.

"No corresponde al juzgado generar confianza en los mercados"

En este sentido, pone de relieve una "circunstancia de enorme  trascendencia", como es que ninguna de las personas físicas  querelladas se encuentre en la actualidad en puestos directivos de la  entidad. Por ello, remarca que "difícílmente" puede entenderse que  exista peligro de que la mercantil puede seguir cometiendo los hechos  denunciados y añade que el grupo ya se encuentra intervenido por el  Estado.

Sostiene que no corresponde al Juzgado realizar actuaciones  dirigidas al control de la situación financiera de Bankia, generar  confianza en los mercados o llevar a su gestión factores de  transparencia destinados a conocer el estado real de la sociedad.

Le compete, añade, investigar "con toda la profunidad, rigor y  detalle que sea posible", determinar la relevancia penal de los  hechos denunciados, identificar a los supuestos responsables y, en la  medida de lo posible, proteger a los perjudicados que pudiera haber.

Para ello, utilizará todos los instrumentos jurídicos y legales  pertinentes, entre los que no se encuentra, "ni es adecuado al no  responder al cumplimiento de los fines para los que se creó", el de  la intervención judicial de Bankia y BFA. El auto, que no es firme,  es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia  Nacional.

Los querellantes denunciaban la falsedad de los ratios de  solvencia, los recursos y los resultados empresariales presentados  por la entidad, que pasó de anunciar 320 millones de beneficios a  anunciar unas pérdidas de 4.369 millones de euros.

UPyD recurrirá

Mientras que UPyD afirmaba que el control político en las cajas  integrantes del Grupo Bankia llevaron a la "penosa situación" de la  entidad, el movimiento 15-M entendía en su demanda que la intervención judicial  evitaría "un colapso de los mercados" y denunció las "colosales"  irregularidades detectadas en la administración.

"Si no se produce dicha intervención, puede que sea demasiado tarde  para arrepentirnos", añadía la querella en representación de 15  accionistas de Bankia, que entendían  que la medida generaría  confianza a los acreedores.

Este mismo lunes, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha anunciado un recurso contra el auto judicial que da seguimiento a la investigación pero rechaza esa medida cautelar.

"Es una ingenuidad afirmar que el actual consejo de administración de la entidad es independiente del anterior", ha asegurado Díez en un comunicado en el que lamenta que "la resolución del juez adolece de un excesivo formalismo y da la batalla por perdida".

Por su parte, la demanda ciudadana enmarcada en el entorno del 15-M ha anunciado en Twitter que está estudiando el auto.

Una causa con 33 imputados

Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite  contra Bankia, el BFA y 33 exconsejeros de ambas entidades, entre ellos el  exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de  Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del  Interior Angel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial  de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.

También se imputan delitos de falsificación de cuentas,  administración desleal, maquinación para alterar el precio de las  cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad  Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras  de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la  Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de  Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes  de la Merced.

Están, además, imputados representantes del PSOE, como el  exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José  María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral  Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.

El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto  Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco  Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis  Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González,  Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes  Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Angel Villanueva.