El CGPJ reserva una partida para indemnizar a Dívar, pero aplaza el debate sobre si debe recibirla
- Moliner aplaza la decisión hasta que Hacienda apruebe los Presupuestos
- El CGPJ necesita una ampliación de presupuesto para hacer frente al pago
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, dentro de sus Presupuestos para 2013, la partida que correspondería para indemnizar al ex presidente Carlos Dívar, pero ha pospuesto el debate sobre si "este señor" merece percibirla. El CGPJ solicitará a Hacienda una ampliación presupuestaria de 44.623 euros para este año para hacer frente a la indemnización.
Así lo ha dicho el actual presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, que ha precisado que esperarán la respuesta de Hacienda sobre los presupuestos antes de tomar la decisión. Se debatirá en el primer pleno tras la respuesta de Hacienda, ha dicho.
Para poder afrontar ese pago, el Consejo necesita este año una ampliación de crédito para comenzar a pagar la indemnización a su expresidente en el caso de que decidiera que le corresponde como exalto cargo.
"No se ha decidido nada sobre el derecho de este señor a percibir o no la indemnización", ha dicho Moliner, que ha insistido en que será cuando el Ministerio de Hacienda decida si autoriza esa ampliación de crédito cuando el órgano de gobierno de los jueces analice el fondo de la petición de Dívar.
Se decidirá en el primer pleno tras conocer la respuesta de Hacienda
Lo que se ha hecho, según el presidente del Consejo, es pedir esa dotación presupuestaria al Gobierno, lo que no impedirá que el primer pleno que se celebre tras conocer la respuesta de Hacienda aborde el asunto.
Asimismo, Moliner ha negado que esto suponga pasar la "la patata caliente a Hacienda: "la patata caliente la tenemos nosotros", ha afirmado, admitiendo que, aunque la semana pasada aseguró que la ley obligaba a pagar la indemnización a Dívar, se atendrá a la decisión que adopte el pleno.
"Me reservo la posibilidad de mantener mi opinión o de cambiar mi opinión", ha concluido el presidente del CGPJ.
Reducción del presupuesto del CGPJ
Por otro lado, como principal punto en el orden del día la sesión plenaria ha tenido este luens la aprobación del proyecto de presupuesto del CGPJ, en el que se ha acometido un recorte de un 12,02% respecto al ejercicio anterior, pasando 71,35 en 2012 a 62,77 millones de euros en 2013.
Moliner ha destacado la importancia de este presupuesto, que se acomoda a las necesidades y al interés general en un momento de crisis económica, así como a las instrucciones del Gobierno para sus respectivos departamentos y ministerios, al tiempo que permite al CGPJ cumplir sus funciones.
La reducción afectará también a la presidencia del Consejo, que a partir de ahora contará con un solo jefe del Gabinete Técnico, y no dos, y prescinde de nuevos asesores, aprovechando los que ya están trabajando en el órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ también ha aprobado el informe al anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial, y que supondrá equiparar el régimen de vacaciones y días libres de jueces y magistrados al resto de funcionarios públicos.
El informe, aprobado por una amplia mayoría del Consejo, incluye duras críticas a algunas de las medidas que prevé el anteproyecto y que considera una "restricción de derechos" sociales para la carrera judicial.
Así lo ha destacado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien ha explicado que el Consejo no pone reparos a las medidas que homologan el régimen jurídico de los jueces al resto de los funcionarios, como la equiparación de los días de vacaciones.
Sin embargo, no comparte que se eliminen los seis permisos anuales de tres días con los que cuentan los jueces y magistrados, ya que a su juicio no suponen "ningún privilegio", sino que son consecuencia de la especificidad y peculiaridad de la carrera judicial y su función jurisdiccional.
La portavoz ha hecho hincapié en que el CGPJ es solidario con la situación de crisis, pero ha recalcado que no se pueden olvidar la peculiaridades de la función jurisdiccional.
Además, el informe critica la ausencia de un estudio adecuado del impacto de género de estas medidas, y que se supriman las licencias de estudios, ya que recortarlas irá en detrimento de la formación de los jueces y supondrá un trato peyorativo respecto al resto de la Función Pública.
Este informe ha contado con dos votos particulares, los de los vocales José Manuel Gómez Benítez, que considera que en materia de permisos el Gobierno no debe prever un trato desigual entre jueces y otros funcionarios públicos, y de Ramón Camp, que entiende que el Ejecutivo debía haber previsto una reducción proporcional de los días de permiso en relación con los previstos en la carrera judicial.