El Defensor del Pueblo de la UE confirma que el BCE no exigió a Zapatero cambiar la Constitución

• Sí confirma que Trichet envió una carta a Zapatero en agosto de 2011
• En ella, pide tomar "medidas rápidas" para corregir la situación de la economía
• Un mes después, Gobierno y oposición acordaron una "regla de oro"

El Banco Central Europeo (BCE) no reclamó al gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero la modificación constitucional para consagrar el freno de la deuda aprobada en septiembre de 2011, según ha confirmado este martes el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros.

Diamandouros ha investigado el caso tras una solicitud de un abogado español, a quien el BCE rechazó el acceso a una supuesta carta remitida por la institución entonces presidida por Jean-Claude Trichet a Madrid en agosto del pasado año.

Ante la negativa del BCE, el abogado recurrió al Defensor del Pueblo, que esta mañana ha hecho públicas sus conclusiones.

"Regla de oro" en la Constitución

La investigación llevada a cabo por Diamandouros ha confirmado que esa carta confidencial se envió y que en ella se expresaba "la preocupación del BCE sobre la situación extremadamente difícil de la economía española y la necesidad de tomar medidas rápidas".

En ella, sin embargo, el BCE "no sugería cambios en la Constitución Española", según ha explicado Diamandouros en un comunicado. Ese detalle era el que interesaba al abogado español que presentó la solicitud y ha sido confirmado por el Defensor del Pueblo con el beneplácito del BCE.

El resto del contenido de la misiva, sin embargo, sigue sin conocerse, pues Diamandouros ha coincidido con la institución con sede en Fráncfort en que su divulgación "perjudicaría al interés público".

La existencia de esa carta saltó a la luz después de que medios de comunicación italianos difundiesen otra que Trichet remitió al gobierno italiano, entonces dirigido por Silvio Berlusconi.

Compra de bonos españoles

Muy poco después, el Parlamento español aprobó la reforma constitucional con el apoyo de los dos grandes partidos, PSOE y PP, por la que se introdujo la "regla de oro" del equilibrio presupuestario.

Formaciones políticas como Izquierda Unida solicitaron entonces que se hiciese pública la carta remitida desde Fráncfort, que consideraba vinculada a la decisión adoptada por el BCE de "socorrer a España e Italia con la compra masiva de bonos para hacer frente a los ataques especulativos que hacían peligrar su deuda".

Un buen número de analistas interpretaron en aquel momento que la reforma de la Constitución era una de las exigencias que Trichet había planteado a Zapatero para iniciar el programa de compra de deuda soberana, que contribuyó a aliviar durante meses la presión sobre las finanzas españolas.