La juez que investiga los ERE fraudulentos amplía la investigación a las ayudas desde 2010

• También solicita todas las modificaciones presupuestarias de Empleo
• La Junta deberá entregar todos los expedientes y documentos contables

La juez que investiga los ERE falsos ha pedido información a la Junta sobre todas las ayudas otorgadas entre 2010 y 2012, las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo desde 2000 a 2011 y ha ordenado investigar las cooperativas que dirige el ex director general de Trabajo imputado Juan Márquez.

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, pide a la Junta información sobre las ayudas concedidas a partir del 27 de abril de 2010 a través de la llamada encomienda de gestión, que sustituyó a las transferencias de financiación vigentes desde 2001 e investigadas hasta ahora.

La Junta deberá entregar al juzgado todos los expedientes y documentos contables que, originados en la encomienda de gestión de 2010, se hayan tramitado en todo o en parte de su cuantía en los años 2011 y 2012.

También pide las certificaciones de todos los acuerdos del Consejo de Gobierno por los que se autoricen encomiendas de gestión a agencias dependientes de diferentes consejerías de la Junta.

La ampliación de la investigación abarca a la agencia IDEA, a través de la cual se canalizaron las ayudas, para que remita su contabilidad de los ejercicios 2010 y 2011, junto con la Memoria auditada, estados financieros, balance de situación y libros diario y mayor.

En dicho auto, que lleva fecha del pasado 18 de julio, Alaya reclama además a la Junta los expedientes de ayudas sociolaborales a empresas para los que se haya iniciado expediente de nulidad como consecuencia de las irregularidades detectadas, así como los expedientes de reintegro, la fase procesal en que se encuentren y las causas de la solicitud de revolución.

El auto retrotrae la investigación a un convenio marco firmado el 27 de julio de 2000 entre José Antonio Viera, entonces consejero andaluz de Empleo y ahora diputado del PSOE en el Congreso, y Salvador Durbán, entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, que según la juez "pudo dar origen al procedimiento específico" del convenio de julio de 2000 que empezó a otorgar las ayudas investigadas.

Alaya pide además todas las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011 y que guarden relación con las agencias IFA e IDEA, tanto de transferencias de explotación, de capital como de financiación.

Por otra parte, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre las cooperativas que se integran en la asociación que ahora dirige Juan Márquez, según informó el propio imputado en su declaración como imputado a comienzos de julio.

La Junta cambió el modelo de ayudas en 2010

El Ejecutivo autonómico a través de la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz,  ha recordado en rueda de prensa que el modelo sobre estas ayudas "se cambió" en el 2010, por lo que ha expresado que "no comparte las dudas" que se establecen sobre los años 2011 y 2012.

No obstante, ha recalcado que la colaboración de la administración autonómica con la juez "seguirá siendo total" y ha confiado en que se acelere el trabajo de la instrucción y que "cuanto antes paguen los que no han actuado correctamente".

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha recalcado la idea de que la Junta "ni ha consentido, ni permitido ni destruido ningún tipo de documentación" sobre este caso.

Sobre las críticas lanzadas por los líderes sindicales de la UGT y CCOO de Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, a la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento, el portavoz las ha vinculado a lo que ha definido como el "espectáculo" en el que quiere "convertir" el PP-A dicha comisión.

"Es una estrategia de hacer ruido, de confundir a la opinión pública y no buscar la verdad sino imponer unas conclusiones a la comisión", ha agregado.