Ya son 823 los médicos que se acogerán a la objeción para atender inmigrantes

• No quieren "faltar a su deber ético profesional" ni "incurrir en el abandono"
• El Gobierno retirará la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares
• Los mecanismos contra el "turismo sanitario" suponen ahorrar mil millones

Más de 800 médicos, en concreto 823, han manifestado ya su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc).

Esta organización, la más representativa de Atención Primaria con unos 22.000 socios, puso en marcha este registro el pasado mes de julio y lo hizo con el fin de recoger la voluntad de los médicos que quieran objetar.

Para ello, los profesionales sanitarios solo tienen que rellenar un formulario a través de la página web de la SemFyc, en el que manifiestan su voluntad de querer ejercer la objeción de conciencia ante el real decreto aprobado por el Gobierno, ya que, subrayan, "deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas".

"Deber ético y profesional"

En el texto, el médico expresa también que su lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a su deber ético profesional e incurrir en el abandono.

El documento se enviará al Colegio de Médicos Provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, que han anunciado su intención de seguir prestando atención a los "sin papeles"), a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la sociedad federada correspondiente (en caso de ser socio de la semFYC).

El Grupo de Trabajo de Bioética de esta sociedad científica ha elaborado un documento que recoge su disconformidad con la medida del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir del 1 de septiembre y que defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer.

El Consejo de Ministros de ayer aprobó la normativa que desarrolla a su vez el real decreto de la reforma sanitaria y que establece los mecanismos para evitar el "turismo sanitario" y el "uso fraudulento" por parte de los extranjeros de los servicios de salud, que permitirá un ahorro de cerca de 1.000 millones al año.

Respecto a los extranjeros que residan en España de forma irregular, se les prestará asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, atención en el parto, embarazo y postparto, así como a los menores de 18 años.